“Si (Javier) Milei pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina”, declaró Donald Trump durante la campaña legislativa de 2025 en ese país. Después de los comicios volvió al tema: “(Milei) estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”.
El mismo año, en la contienda para la presidencia de Chile, el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, se pronunció a favor de la candidatura de José Antonio Kast; subrayó que su país trabajaría mejor con gobiernos “alineados ideológicamente” con Trump.
Es frente a esta intromisión extranjera que Morena presentó una iniciativa para reformar la Constitución mexicana. De prosperar, el resultado en las urnas podría ser declarado nulo cuando se pruebe financiamiento ilícito, propaganda o desinformación, promovidos por gobiernos o poderes foráneos.
Añade la redacción que, “bajo valoración jurisdiccional” será igualmente considerada causal de nulidad “cualquier” otra conducta que comprometa la soberanía nacional o afecte la autenticidad o libertad del sufragio.
Con buen tino, Olga Sánchez Cordero, legisladora morenista y exministra de la Corte, advirtió sobre el riesgo de la redacción que su partido pretende aprobar: “estamos frente a una norma abierta… (que) no establece con precisión su contenido y alcance… (y) se puede (por tanto) rellenar con ‘cualquier’ cantidad de supuestos normativos”.
Tomando como hipótesis los casos argentino o chileno, según la iniciativa morenista, ambas elecciones podrían haber sido anuladas.
México no es el primer país que busca blindar su soberanía conjurando la injerencia extranjera en sus elecciones. Sin embargo, sí es el primero que opone una sanción máxima a esta eventualidad: la anulación de los comicios.
Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea contemplan medidas al respecto, pero se trata de medidas preventivas, es decir, mecanismos que se activan antes de que suceda la elección.
En los tres casos el acto injerencista debe ser registrado previo al voto, se establecen multas elevadas, se prohíbe la publicidad extranjera y las conductas ilícitas pueden castigarse con cárcel.
En Canadá como en Estados Unidos se prevé, además, la creación de una comisión investigadora independiente del poder político.
Zoom: la solución mexicana es tan extrema que podría terminar provocando lo que pretende evitar; mientras que “prevenir” la injerencia extranjera protege la soberanía nacional, “anular” una elección puede ponerla en riesgo grave.
