El magistrado José Luis Vargas se aferra al puesto. Asegura que la sesión de ayer, donde fue removido por cinco de sus pares, es inconstitucional.
Dice que será presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hasta el mes de noviembre de 2023.
Sin embargo, la Sala Superior de este órgano nombró, también ayer, al magistrado Reyes Mondragón como sustituto.
Solo hay una pregunta que importa para salir de este lío: ¿fue legal la sesión en que se tomaron estas tremendas decisiones? El antecedente de esta crisis constitucional comenzó el viernes pasado, cuando un juez federal consideró procedente investigar al magistrado Vargas por enriquecimiento ilícito, a partir de una serie de pruebas aportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esta denuncia es evidentemente lesiva para la reputación del Tribunal, por lo que el propio Vargas debió presentar su renuncia al cargo.
Sin embargo, el sujeto optó por menospreciar las circunstancias. En reacción, sus colegas resolvieron ventilar el problema en sesión pública y por ello el magistrado Felipe de la Maza pidió que el tema fuese enlistado para su discusión.
Presuntamente sorprendido, Vargas se negó a proceder conforme a la solicitud de la mayoría y se ausentó deliberadamente de la reunión.
Frente a este acto de rebeldía, la norma prevé que el magistrado decano sustituya al presidente evaporado. Fue por esta razón que Janine Otálora ocupó de manera interina el cargo y con ello el trabajo pudo continuar.
La magistrada y los magistrados valoraron políticamente la delicada situación de Vargas y por tanto del Tribunal; con el objeto de corregir el rumbo destituyeron al presidente y entregaron el mandato a un colega más digno para desempeñar la función.
No hay visos de ilegalidad o de inconstitucionalidad que dañen la validez de las decisiones tomadas. Tampoco hay capricho que le permita a Vargas secuestrar la presidencia del TEPJF sin pagar consecuencias. El Código Penal Federal previene severamente contra quien impida la integración y el libre desempeño de las instituciones constitucionales.
Zoom: Si la necedad se apodera de Vargas le esperan hasta 20 años en prisión, los cuales se sumarían a los que pudiesen caerle por presunto enriquecimiento ilícito.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
