Crece sin contención el saqueo sobre el patrimonio de quienes sufren las peores carencias. A través de la violencia y la intimidación, las empresas criminales aseguran el cobro de impuestos ilegales sobre una gran parte del territorio y las personas más afectadas son aquellas que no tienen para pagarlo.
Esta semana dos bandas armadas se enfrentaron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el propósito de hacerse del control de un mercado. Las imágenes de ese operativo recorrieron con sorpresa los medios de comunicación a pesar de que, como afirma la reportera de MILENIO Cristina Ochoa, disputas parecidas se extienden por el país de manera creciente y desde hace tiempo.
La diversificación de las actividades de las distintas empresas criminales que operan en México ha normalizado el despojo violento del patrimonio legal de las personas y de un incontable número de unidades económicas.
Varían los mecanismos para extorsionar dependiendo la región o el giro afectado. Una de las formas más conocidas es el derecho de piso que las organizaciones criminales exigen a cambio de ofrecer, supuestamente, protección y seguridad. A los negocios se les expolia según su tamaño. Si se trata de una plantación de aguacate en Michoacán o una mina de arena, la renta mensual llega a ser elevada, aunque los cobradores saben calcular bien la tasa para que el pozo siga surtiendo agua.
Peor les va a los pequeños comerciantes a quienes se les imponen cuotas que muchas de las veces terminan obligando a traspasar el negocio a quien se haya “arreglado” en términos más amables con el extorsionador.
En efecto, en fecha reciente ha estallado la práctica criminal que prefiere expropiar la fuente de riqueza en vez de seguir cobrando rentas. En el Estado de México, por ejemplo, las organizaciones criminales de mayor tamaño, como el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o la Familia Michoacana, han crecido su patrimonio monopolizando actividades principales de la economía.
Destacan los casos de las minas que proveen materiales para la construcción. De la noche a la mañana estas empresas marginan violentamente a los antiguos concesionarios dedicados a la extracción de grava o arena y también a los dueños de los negocios que transportan y distribuyen esos materiales.
Son muchos los municipios donde solamente se pueden comprar tales insumos “al sindicato”, que es el nombre con que eufemísticamente se autonombran estas organizaciones criminales. Una vez que consolidan la cadena, desde la extracción hasta la venta, consiguen imponer un precio que llega a ser superior en 40 y hasta 70 por ciento sobre el valor de mercado.
Algo similar ha ocurrido con los aserraderos. Quedan pocos entre los propietarios cuyas familias vendieron madera por generaciones. En los últimos tres años tuvieron que entregar el control de sus activos a quienes, sin pagar un centavo, vinieron a quitárselos con amenazas que en ocasiones terminaron cumpliéndose.
El control de estos materiales de construcción y la consecuente elevación de los precios afecta a la economía en general, pero sobre todo a quienes cuentan con el patrimonio más estrecho. El constructor de vivienda de nivel alto o medio puede soportar la variación de precios al alza, pero no así quien con sus ahorros tenía pensado ampliar su morada, echar piso firme o cercar su propiedad.
El reportaje de Cristina Ochoa relata también la práctica de estas mismas organizaciones para controlar los mercados de alimentos: carne, pan, pollo y tortillas. El mecanismo es parecido, comienza con el cobro de derecho de piso a los pequeños comerciantes para luego hacerse del control monopólico de la distribución de estos productos de la canasta básica.
Son igualmente comunes los testimonios de transportistas de limón, piña, aguacate y otros perecederos que un día tomaron la decisión de vender sus camiones, bien porque el derecho de piso se volvió impagable, o bien porque, de no hacerlo, su vida y la de su familia corrían peligro.
Según datos oficiales, entre 2020 y 2021 las denuncias por extorsión a nivel nacional crecieron 12.3 por ciento. En 2022, de enero a abril, ese mismo indicador reflejó un nuevo incremento de 22.6. Esta cifra la ofreció la secretaria federal de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, durante el último informe presentado por su dependencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es necesario decir que, según el Inegi, solamente se denuncia en México 2.1 por ciento de los casos de extorsión sufridos por las víctimas. Es decir que las cifras ofrecidas por el Inegi no reflejarían la dimensión, a partir del verdadero número de casos, que se esconde detrás del fenómeno.
Entre las entidades que peor padecen tal flagelo, además del Edomex que ocupa el primer lugar, estarían por orden de gravedad Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, CdMx, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Colima, Sonora y Michoacán.
De acuerdo con el Inegi, el costo aproximado a nivel nacional de la extorsión en 2020 fue de 185 mil millones de pesos. Esto querría decir que en 2021 ascendió a 207 mil 755 millones y que, de continuar la tendencia, en 2022 podría llegar a 254 mil 707 millones, es decir 1.1 del producto interno bruto.
Comparativamente, esta cifra significa el doble del presupuesto anual con el que cuentan, por separado, las secretarías de la Defensa Nacional o de Marina.
¿Por qué se ha multiplicado así el negocio de la extorsión en México desde 2018 a la fecha?
No hay respuesta precisa, pero cabe considerar como explicación la contradicción existente en el marco legal previsto para combatir este crimen.
Mientras la extorsión es un delito estatal, las empresas que controlan dicho negocio están organizadas de tal manera que su conducta delictiva debería ser perseguida por las autoridades federales.
La extorsión no la comete un delincuente común, sino una empresa criminal sofisticada y capaz de operar en simultáneo en varias regiones del país.
El problema surge cuando los gobiernos estatales no tienen facultades para perseguir al crimen organizado y quien sí cuenta con esa potestad —la Federación— se lava las manos frente a este fenómeno delictivo.
La extorsión goza de máxima impunidad porque ningún ámbito de gobierno la persigue real ni efectivamente.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
