Las agresiones contra periodistas no suelen ser sutiles ni indirectas. La autoridad que quiere inhibir una investigación no se anda por las ramas. Cuando se sufre en primera persona del singular una amenaza cuyo propósito es descarrilar el trabajo de la prensa, las dentelladas ocurren demasiado cerca como para dudar de la intención.
Hoy quiero dejar en estas páginas constancia oportuna sobre un acto intimidatorio.
En fecha reciente fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia, pretendidamente anónima, en la cual se exige a la Policía Federal Ministerial, adscrita a esa misma dependencia, que investigue mi actividad como periodista.
Puntualmente requiere a la policía para que investigue “cualquier nota periodística, columna, video, audio, artículo, texto, imagen o contenido de voz publicados y/o difundidos” por mi persona y que estén relacionados con el supuesto secuestro de Hugo Alberto León Miranda, alias Hugo Alberto Wallace Miranda.
La denuncia donde se manifiestan tales exigencias podría ser irrelevante si no fuera por el contexto en el que se produce, el cual aporta elementos suficientes para considerarla como un riesgo impuesto sobre mi libertad y mi ejercicio profesional.
La identidad de la persona que interpuso esta denuncia ante la FGR no es difícil de ocultar. María Isabel Miranda Torres, públicamente conocida como “la señora Wallace”, presentó en el 2019 un documento similar ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde se ofrecieron prácticamente los mismos argumentos.
En ella acusó a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), de haber atribuido “falsamente” a mi persona “participación activa en la defensa de Brenda Quevedo Cruz”, dentro de la causa que se sigue en su contra por su supuesta participación en el secuestro de su hijo Hugo Alberto.
La señora Wallace aseguró que el funcionario me habría facilitado la entrada a “varios penales federales, varios Ceferesos”, haciéndome pasar como personal del IFDP.
Esta acusación incurre en dos falsedades: no acudí a varios penales en compañía de Salvador Leyva sino únicamente al Cefereso femenil número 16, y no lo hice usurpando personalidad como defensor sino como un periodista cuya investigación puede aportar elementos sobre la tortura sufrida por Brenda Quevedo Cruz, hecho que he podido corroborar mediante diversas fuentes confiables.
Se suma que Quevedo Cruz haya solicitado mi presencia ya que consideró que la información en mi poder debía ser confrontada con su propia versión de los hechos.
Niego aquí, como lo haré en caso de que la FGR me convoque a comparecer, que el secretario técnico contra la tortura del IFDP haya mentido a la autoridad.
También rechazo categóricamente que ambos estemos vinculados a una “banda de secuestradores,” tal como Isabel Miranda afirmó en 2019 ante medios de comunicación.
En noviembre del año pasado la señora Wallace sumó tres denuncias más contra la defensa de Brenda Quevedo Cruz. Acusó de nuevo a Salvador Leyva y sumó a su lista negra a las abogadas del IFDP Elvira Claudia Mejía Hernández y Verónica Jazmín Berber Calle.
Las imputaciones realizadas contra estas personas no tienen fundamento y claramente están dirigidas a obstaculizar la defensa de Brenda Quevedo.
Sin embargo, a diferencia del 2019, en esta ocasión la FGR sí prestó oídos a los argumentos de la señora Wallace. El martes 15 y el miércoles 16 de febrero fueron llamados a comparecer, en calidad de imputados, los tres abogados. Se les investiga por delitos que podrían implicar inhabilitación para seguir ejerciendo como defensores de oficio, además de penas que oscilarían entre los tres y los nueve años de prisión.
Al momento de comparecer, las personas defensoras se enteraron, por voz del ministerio público, que –contrario a lo que correspondería– la investigación seguida en su contra no estaba a cargo de la unidad de la FGR especializada en investigar delitos cometidos por servidores públicos, sino bajo las órdenes de una oficina adscrita directamente al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Al parecer, como en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la señora Wallace continúa siendo igual de influyente en la política criminal del Estado mexicano: incide en la selección de los expedientes que deben atenderse y los que merecen desecharse.
Tan delicado habrá parecido este asunto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el miércoles 16 de febrero Arturo Zaldívar Lelo de Larrea hizo una defensa pública del personal del IFDP imputado por el fiscal Gertz:
“Todas y todos los defensores públicos cuentan con el respaldo absoluto del presidente de la Corte y del CFJ. No podemos permitir que se trate de amedrentar y presionar a los defensores públicos”.
Por si hubiese duda sobre la autoría de la supuesta denuncia anónima, Zaldívar añadió: “algunas personas deben entender que ya pasaron los sexenios en que los protegían desde la presidencia de la República.”
Se refería obviamente a la señora Wallace quien, en efecto, no cuenta ya con el respaldo del primer mandatario, pero, al parecer, sigue siendo muy influyente dentro de la FGR.
Según la denuncia donde se exige investigarme, mi visita al Cefereso 16 generó un beneficio para mi persona porque, en mi calidad de periodista obtuve, sin tener derecho, acceso a “una investigación reservada y de trascendencia nacional.”
“Trascendente pero reservado”, quien redactó este documento es un especialista en el arte del oxímoron. El argumento es otro absurdo: si el caso Wallace es de “trascendencia nacional,” cuenta con todos los méritos para ser investigado periodísticamente y es por esta razón que he dedicado poco más de tres años a obtener conocimiento riguroso sobre él.
No tiene asidero legal acusarme como cómplice de un ilícito que debe ser investigado por la FGR. Esta denuncia opera como acto inhibitorio de la libertad de prensa, como amenaza contra mi desempeño y como una agresión a las actividades que realizo cotidianamente.
Quiero suponer que no prosperará y también que la investigación exigida en mi contra no se llevará a cabo.
Sin embargo, el solo hecho de que las personas responsables de la defensa de Brenda Quevedo estén siendo arbitrariamente imputadas por la FGR me hace temer lo peor. Sobre todo, porque no es la primera vez que sucede: en el pasado la señora Wallace logró privar de libertad a varios abogados defensores.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
