Me acusa Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), de emitir calumnias y promover información sin sustento respecto al violento conflicto social que se está gestando dentro de la comunidad yaqui, entre otras razones, por la intervención inadecuada de la dependencia que él dirige.
Si bien coincido con este funcionario cuando dice que, “para alcanzar una sociedad democrática y justa, es un imperativo ético apegarse a la verdad,” rechazo la creencia de que la autoridad, o cualquier otro actor, posea el monopolio de la verdad.
En un comunicado enviado a la dirección de MILENIO, Regino dice que es falsa la afirmación que hice el jueves pasado en mi texto titulado INPI acusado de secuestro, en el sentido de que los presuntos plagiarios, Jesús Patricio Varela Martínez y Onésimo Buitimea Valenzuela, fuesen operadores del INPI.
Tengo sin embargo en mi poder testimonios sobre la ostentación que estas dos personas realizan frecuentemente al respecto y también sobre el uso que ambos sujetos hacen de los vehículos adscritos a dicha dependencia.
Por otro lado, debo advertir que me sorprendió no encontrar en el texto de réplica firmado por Regino ninguna mención o señalamiento contra la indebida privación de la libertad de Juan Pedro Maldonado Martínez, Jesús Molina Casillo y Anselmo Álvarez Mendivil.
Asumo que una autoridad obligada a la imparcialidad y a promover la cohesión de la tribu yaqui debía denunciar con contundencia estos hechos criminales, pero Adelfo Regino —olvidando los imperativos éticos que se imponen sobre su cargo— guardó silencio cómplice al respecto.
Defiende Regino que el INPI actúa con total respeto a las decisiones colectivas del pueblo yaqui; aquí de nuevo la verdad es otra:
El miércoles 14 de diciembre, en la Guardia de Potam, el director del INPI pronunció un discurso nada respetuoso con las decisiones colectivas. Concretamente acusó “de conservadores que están contra la transformación”, a las personas yaquis que se oponen al acueducto Independencia y al decreto presidencial reciente respecto de los aprovechamientos de agua en la zona sur de Sonora.
Este tono amenazante utilizado por Adelfo Regino mereció un desplegado publicado el martes 4 de enero donde representantes de las comunidades evidenciaron su sentir respecto del INPI:
Ahí dicen los líderes yoreme “que por desgracia en nuestra comunidad estamos sufriendo de la discriminación, el hostigamiento, el abuso de poder y la mala fe de parte de los directivos del INPI … (dependencia que) foment(a) la división, la confrontación, la mentira, el odio y el desequilibrio en la vida interna dentro de nuestras comunidades indígenas asentadas en Huirivis, Rahum y Belem, especialmente en el pueblo de Potam”.
Las acciones emprendidas por el INPI para asegurar que el decreto presidencial de septiembre pasado no encuentre obstáculos también han topado con disidencia en Bácum, La Loma de Guamúchil, Rauhm y Vícam.
En consecuencia, varios han sido los recursos legales interpuestos, entre los cuales se encuentra un amparo que recientemente mereció la suspensión provisional del decreto de López Obrador (incidente de suspensión 1180/2021).
En este contexto resulta alarmante que los promotores del amparo sean las mismas personas que se encuentran privadas de la libertad, presuntamente por obra de Jesús Patricio Varela y Onésimo Buitimea, quienes refieren vinculación política con el INPI.
En su réplica, Adelfo Regino argumenta también que “la creación del distrito 018 materializa el decreto que en 1940 promulgó el general Lázaro Cárdenas del Río”.
Otra falsedad: el distrito 018 existía antes que el nuevo decreto y lo que este instrumento propone es entregar al pueblo yaqui agua proveniente de la presa Álvaro Obregón en vez de hacerlo de la presa La Angostura –tal como lo previó en su día el presidente Cárdenas.
Este es el corazón del conflicto: si los gobernadores del pueblo yaqui aceptaran el nuevo decreto, lo que estarían consintiendo es que, en vez de obtener agua de una presa que contiene líquido abundante (La Angostura), las comunidades estarían obligadas a hacerlo de otro vaso hídrico cuyo estrés es mucho mayor, a tal punto que, en 2003, la presa Obregón estuvo a punto de vaciarse.
Tergiversa de nuevo Regino la información técnica disponible cuando asegura que el pueblo yaqui incrementará, a partir del nuevo decreto, el volumen disponible de agua.
Dice en su réplica que las comunidades obtendrían, en promedio, 670 millones de metros cúbicos al año de la presa Obregón, cifra que es muy superior a los 250 millones a los que, provenientes de La Angostura, tienen actualmente derecho.
No se conoce sin embargo un estudio técnico que confirme este cálculo. El último documento que sirve como referencia es el solicitado en 2006 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, respecto de todas las cuencas del país.
Atendiendo a este reporte es que cabe denunciar la oferta de 670 millones de la presa Obregón como un cálculo sin fundamento.
De ahí que la disidencia yoreme diga que es preferible tener un pájaro en mano (50 por ciento del almacenamiento real de La Angostura) que mil volando (50 por ciento del agua virtual de la presa Obregón).
Pregunta por último Regino que a qué intereses responden mis columnas sobre este tema. Puedo decirle que no tengo complicidad alguna con los intereses inmobiliarios detrás del acueducto Independencia, tampoco con quienes violaron la ley al construir esta obra, mucho menos con aquellos que quieren privatizar la cuenca del río Yaqui.
Interrogo de mi parte si el director del INPI puede decir lo mismo.
En cambio, sí obedece mi conciencia a la lucha emprendida por Tomás Rojo Valencia y Luis Urbano, líderes de la comunidad yaqui asesinados el año pasado por defender el derecho al agua heredado por sus ancestros. _
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
