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Lunes , 18.03.2019 / 18:17 Hoy

Antilogía

De laudos y delegaciones

Ricardo Monreal Ávila

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A Israel Moreno Rivera, delegado destituido injustamente


La Suprema Corte tiene en la mira la mayor parte de las delegaciones políticas de CdMx por presunto desacato a sendos laudos laborales y civiles, donde los jueces condenan a la autoridad local a reparar o resarcir económicamente a los ciudadanos quejosos.

El castigo que está imponiendo la Corte es el máximo contemplado en la ley para hacer valer su autoridad: la destitución del cargo del funcionario responsable. Con ello, la Corte busca sentar un precedente para que el resto de las autoridades involucradas pongan sus barbas a remojar.

Sin embargo, tomar las delegaciones de la CdMx como referente para este necesario y profiláctico castigo judicial es también una injusticia, que puede subsanarse si se abre un debate político y constitucional sobre las facultades, atribuciones y competencias de este primer escalón de gobierno en la ciudad capital.

Hay una contradicción esencial entre la naturaleza electiva y popular del cargo de “jefe delegacional” (equiparable en el modelo federalista a un presidente municipal o alcalde) y las facultades limitadas y acotadas que en materia administrativa, laboral, hacendaria y de seguridad tienen actualmente estas autoridades primarias.

Las dimensiones de responsabilidad que se adquieren en las urnas por efecto del voto ciudadano directo no se corresponden con las facultades y medios que disponen institucionalmente para cumplir con el mandato. Para decirlo de manera coloquial: un jefe delegacional es mayor de edad en las urnas, pero es un menor de edad al ejercer el encargo. Sufre una minusvalía o depreciación orgánica al momento de ejercer sus funciones.

En el caso de los laudos laborales que condenan a las delegaciones a pagar salarios caídos y a restituir a los trabajadores en sus plazas, la autoridad delegacional está estructuralmente impedida para cumplir con las sentencias porque carece de facultades, atribuciones y competencias para diseñar y solventar su propio presupuesto y para realizar contrataciones laborales. Una y otra función son competencia exclusiva de la autoridad central y, en el caso del presupuesto, de la Asamblea Legislativa de CdMx.

Vamos, ni siquiera un jefe delegacional puede modificar una partida presupuestal para reasignar el recurso de un área con subejercicios o ahorros, para dedicarlos a pagar laudos, so pena de incurrir en responsabilidades administrativas. Por cumplir con la Suprema Corte se incumpliría con la Contraloría.

La nueva Constitución Política de CdMx no corrigió esta disfunción estructural. A partir del próximo año, en las urnas se elegirán alcaldes y concejales en las 16 delegaciones, como si fueran ayuntamientos en un gobierno federalista. Sin embargo, seguirán siendo intendencias o departamentos típicos de un gobierno centralista al carecer de facultades y atribuciones para organizar su propia hacienda pública, contratar su propia plantilla laboral u organizar su propio cuerpo policiaco.

Las próximas alcaldías de CdMx serán órganos políticos descentralizados en las urnas, pero entes administrativos desconcentrados en la práctica. Un remedo de ayuntamientos o municipios libres.

Esta contradicción funcional y fundacional de la nueva Constitución de la ciudad es la que habría que resolver de fondo. Y en esto, como en los laudos, la Suprema Corte tiene la última palabra.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

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