Algunos diccionarios de americanismos definen la politiquería como la práctica engañosa y tramposa para tratar de conseguir o mantener el poder político.
Eso, politiquería y no un conflicto de leyes o de interpretación jurídica, fue lo que hizo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con su infundada pretensión de nombrar al gobernador interino que cubriera su licencia.
Nunca hubo duda de la competencia del Congreso Estatal para designar al gobernador interino.
En todo caso, la única controversia fue a quién debería de nombrar.
En efecto, para concluir sin vacilaciones lo anterior basta considerar que para la construcción y aplicación de las normas legales se observa la forma del silogismo, esto es, el razonamiento lógico formado de dos premisas: una mayor, otra menor y la conclusión.
Las normas legales son expresa o tácitamente un silogismo: la premisa mayor es el supuesto jurídico o hipótesis; la menor, la conducta o tipo; y la conclusión, la consecuencia o efectos que se producen al realizarse la conducta prevista en el supuesto o hipótesis.
La Constitución de Nuevo León, en el artículo 120 dispone que si el gobernador solicita licencia por más de 30 días será el Congreso del Estado quien nombre a un gobernador interino.
Los elementos del silogismo implícito en ese artículo son: premisa mayor: el supuesto consistente en el derecho que tienen los gobernadores para pedir licencia; premisa menor, la conducta, esto es, que un gobernador en ejercicio de ese derecho pida licencia; conclusión, una vez concedida la licencia el Congreso Estatal nombrará al gobernador interino.
En ese enfrentamiento es encomiable la conducta del gobernador interino, Luis Enrique Orozco, que renunció para evitar un conflicto mayor entre los poderes del Estado de Nuevo León.
El respeto a la ley implica respetar el razonamiento lógico.
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