El nuevo artículo noveno de la Ley de Amnistía, concede al presidente el poder incondicional de absolver delincuentes.
Esta reforma viola la Constitución porque priva al Congreso de la Unión, de la facultad constitucional que tiene para conceder amnistías; y quebranta el sistema legal porque el artículo noveno, prácticamente, deroga las demás disposiciones de la Ley.
La transgresión constitucional se remonta a la Ley de Amnistía expedida por López Obrador. En ella se estableció que el otorgamiento de ese beneficio es competencia de una Comisión que integrará el propio presidente.
Tal disposición viola el artículo 73, fracción XXII, de la Constitución, que otorga, exclusivamente, al Congreso de la Unión la potestad de conceder amnistías por delitos federales. Y no autoriza al Congreso a que delegue ese atributo en una Comisión.
Sin embargo, al menos La Ley de Amnistía contempla los delitos en los que procede la abolición de la acción penal, del proceso o la sentencia; y los casos en que no se concederá este beneficio.
Además, la Ley determina que el presidente integre una Comisión y el procedimiento para decretar la amnistía a quienes la soliciten.
Pero el nuevo artículo noveno dispone que por determinación exclusiva y directa del presidente se podrá otorgar la amnistía por cualquier delito y sin sujetarse al procedimiento establecido en la propia Ley.
Los únicos requisitos son que en contra de quienes la soliciten se haya ejercido acción penal, estén en proceso o ya sentenciados; y ellos aporten elementos útiles y comprobables para resolver casos relevantes para el Estado.
Es evidente que el artículo noveno, deroga las demás disposiciones de la Ley de Amnistía porque no tendrá objeto seguir un procedimiento legal, si el presidente puede perdonar directamente y sin restricciones a cualquier delincuente.
