Felipe Calderón, para legitimar su gobierno y tener la aprobación popular, inició la guerra contra el narcotráfico sin valorar la fuerza del enemigo y sin una estrategia definida.
En diciembre de 2006 lanzó el Operativo Michoacán con el Ejército, Marina Armada y Policía Federal. Luego generalizó la participación de las fuerzas armadas en la prevención, investigación y combate a la delincuencia.
Celebró con los EEUU el Plan Mérida, que a pesar de ser esencialmente un tratado internacional no lo sometió a la aprobación del Senado. En él se fijaron la participación estadounidense y la estrategia de abatir o encarcelar a los líderes de los cárteles.
En medio de la batalla impuso la reforma penal constitucional, publicada el 18 de junio de 2008; que transformó radicalmente el procedimiento y estableció las bases para la persecución legal de la delincuencia organizada.
La reforma se copió de los EEUU sin estimar los altos costos y los efectos perniciosos de someter a jueces, agentes del Ministerio Público y policías a estudiar las nuevas reglas y continuar, simultáneamente, su trabajo ordinario.
Los resultados fueron la exacerbación de la criminalidad: aumentaron los cárteles, homicidios, secuestros y extorciones.
A eso se debe en gran parte el triunfo del presidente Peña. Todos esperábamos la pacificación del país y el retorno a la tranquilidad y el orden. Sin embargo, la cadena de inconsistencias continúa.
La reforma penal sigue sin resultados; persisten la insuficiencia e ineficacia de las policías, Ministerio Público y juzgados; y siguen pendientes las leyes de seguridad interior y de la Fiscalía autónoma.
Sólo en un país como el nuestro puede concebirse que el gobierno enfrente la escalada de la delincuencia sin una legislación adecuada, sin definir la existencia de la Fiscalía y cambiando constantemente de procurador.
