La última modificación a la Constitución en materia de energía eléctrica fue en 2013 con la reforma energética de Peña Nieto, donde tuvo el apoyo de los partidos PRI, PAN y PRD y su alianza “Pacto por México” logró las modificaciones necesarias para abrir a la inversión privada el sector energético, con lo que se esperaban mayores beneficios para la industria y los bolsillos de los mexicanos.
Desde entonces, el presidente López Obrador estuvo en contra y utilizó esa bandera en su campaña de 2018, para revertir la reforma de Peña Nieto. La semana pasada el Ejecutivo federal envió a San Lázaro una nueva iniciativa en materia energética.
La iniciativa del ejecutivo plantea que 56 por ciento de la generación de energía eléctrica sea por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 46 por ciento la iniciativa privada; desaparecer los órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía; derogar los contratos de compraventa de electricidad y de diversas figuras de generación privada, así como las solicitudes pendientes de resolución y la explotación de los yacimientos de litio y demás minerales estratégicos para la transición energética que serán exclusivos de la nación.
Lo anterior ha levantado polémica en los diferentes sectores políticos y productivos. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial se ha manifestado en contra de la reforma: “La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de derecho, al medio ambiente, a las finanzas Públicas y a la competitividad del país”.
Recordemos que al ser una reforma constitucional se necesita de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es decir, 333 votos a favor, pero Morena y aliados consiguen 277 votos, por lo que es necesario sumar a otra bancada. De entrada, el PAN, PRD y MC en menos de 24 horas se han manifestado en contra de la iniciativa.
Por su parte, el PRI se ha visto más abierto al análisis de la reforma y su presidente Alejandro Moreno y el líder de la bancada de diputados Moreira han manifestado que convocarían a un foro de especialistas para ver las ventajas de la iniciativa.
¿Será que sólo habrá durado un mes la alianza de Va por México? Y es que el PRI podría negociar con el presidente López Obrador.
La iniciativa presidencial tendrá que pasar la aduana legislativa y sumar opiniones de los actores económicos y políticos del país. Sin duda, habrá un debate amplio y se pondrá a prueba el cabildeo de los líderes morenistas en el Poder Legislativo.
René Sánchez Juárez
