Corría 1936 cuando mi padre, pasante de la Escuela Nacional de Medicina, salió a cumplir su servicio social. Fue de los primeros: el Dr. Gustavo Baz Prada —entonces director de la escuela— había convencido al rector Luis Chico Goerne de instituir la obligación. Salieron con él unos 250 pasantes más, a un país sin médicos en el campo y de una Universidad que el gobierno de Lázaro Cárdenas acusaba de “elitista” y “divorciada del pueblo”. El servicio social nació, en buena medida, como una respuesta política: la UNAM demostraba su compromiso revolucionario enviando a sus estudiantes a servir gratis en las comunidades más pobres del país.
Noventa años después —de 1936 a 2026—, seguimos ahí.
En 1942 se reformó el artículo 5° constitucional para declarar que los servicios profesionales de índole social “serán obligatorios y retribuidos”. La palabra clave es la segunda, y es la que casi nadie cumple: hoy entre 13 mil y 18 mil pasantes de medicina salen cada año a cumplir su año de servicio, muchos a comunidades remotas, por una beca que dista mucho de ser un salario digno. Una tercera parte de las unidades de atención primaria del país sigue cubierta exclusivamente por pasantes, y de los más de 5 mil centros de salud sin médico titulado, seis de cada diez dependen de un estudiante que aún no se gradúa.
Aquí está la inequidad que quiero subrayar: ningún abogado, ingeniero, arquitecto o contador está obligado por ley a pasar un año sirviendo, sin sueldo real, en una localidad remota y peligrosa, como condición para titularse. Solo al médico —y en menor medida a otras profesiones de la salud— se le exige pagar con su cuerpo una deuda que el Estado decidió, hace nueve décadas, que la sociedad le debía cobrar.
Y el cobro tiene un costo humano documentado. Un estudio con 371 médicos pasantes encontró que quienes fueron asignados a las plazas más aisladas tenían más del doble de riesgo de sufrir agresiones físicas y casi tres veces más riesgo de amenazas, frente a quienes trabajaron en plazas urbanas. El propio director de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría reconoció que ha habido pasantes asesinados y violaciones documentadas en el servicio social —realidad que pesa más sobre las pasantes mujeres, enviadas solas a localidades aisladas. ¡Ojo! En la Facultad de Medicina de la UNAM los estudiantes de nuevo ingreso son mujeres casi el 70 por ciento.
¿Y la medicina organizada? Durante años pude decir que no conocía un esfuerzo sostenido desde las instituciones que deberían encabezar el cambio. Eso empieza a moverse: el 18 de marzo, la Academia Nacional de Medicina dedicó su sesión ordinaria a “Violencia en la formación médica”, con el Secretario de Salud presente. Y el 12 de agosto, la Secretaría presentó el Modelo CUIDAR y la Estrategia Nacional de Ambientes Académicos Saludables, que busca pasar de “atender casos aislados” a un modelo preventivo frente a la violencia y el desgaste en la formación de médicos, residentes y pasantes.
Es un paso que celebro y que llegó tarde. Pero conviene no confundir un modelo de acompañamiento institucional con una reforma de fondo. CUIDAR promete “cultura de respeto”; no toca la obligatoriedad del servicio, no propone remunerarlo como empleo formal, ni explica por qué sólo el médico debe pagar con su seguridad personal el precio de titularse. Cuidar al pasante mientras sigue solo, sin sueldo digno, en una localidad remota, es tratar el síntoma sin tocar la causa.
Quienes sí se han organizado son los propios pasantes: la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social, fundada en 2019, ha llevado iniciativas de reforma a legislaturas estatales —como en Zacatecas, donde denunciaron jornadas de más de 2 mil horas cuando la norma marca 480— y en julio de 2025 se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de artículo 95 bis a la Ley General de Salud para proteger a internos y pasantes de la violencia. Llama la atención que sea la generación más joven y con menos poder la que empuje el cambio, mientras las universidades —públicas y privadas por igual— guardan, en su mayoría, silencio.
No pretendo tener la fórmula para resolver noventa años de inercia institucional. Pero sí creo que es momento de preguntarnos, en voz alta y como gremio: ¿por qué sólo la medicina carga con esta obligación? ¿Qué protección real se le debe al pasante que sirve en una zona de riesgo? ¿Debe seguir siendo una “beca” simbólica o convertirse en un empleo formal? Invito a mis colegas, a las universidades, a los colegios médicos y a las autoridades de salud a abrir este debate y a poner propuestas concretas sobre la mesa. Noventa años bastan para que la conversación deje de ser sólo de los pasantes, y se vuelva de todos.
Porque la información, dada con compasión, salva vidas.
