A medida que los Estados Unidos criticó al gobierno de México por su propuesta a la reforma del Poder Judicial, es crucial reconocer (y conocer) las complejidades y contradicciones dentro del propio sistema judicial de los Estados Unidos. El desafío sigue siendo garantizar que, sea cual sea el método elegido, el Poder Judicial permanezca en sus decisiones estrictamente apegado a la legalidad, imparcial y, sobre todo con una percepción social de que es un poder justo, estándar universal que toda nación democrática debe esforzarse por mantener en sus sistemas de justicia.
Hablemos entonces sobre el proceso de selección judicial en los Estados Unidos, el cual varía significativamente entre los niveles federal y estatal. Con aproximadamente 30 mil jueces en todo el país vecino, la forma en que éstos ascienden a la banca es una combinación tanto de tradición federal como de gobernanza estatal que va desde nombramientos federales vitalicios hasta elecciones partidistas en algunos estados.
Los métodos para elegir jueces reflejan la diversidad del sistema legal estadounidense, un sistema que recientemente ha sido objeto de escrutinio en discusiones netamente internas y domésticas por la misma sociedad estadounidense. Una encuesta reciente de la importante y reconocida organización Gallup, que se ha realizado en seis distintas ocasiones desde 1992, revela que el 49 por ciento de los ciudadanos de Estados Unidos consideran que el sistema judicial es “algo o muy injusto”. Esto marca un cambio significativo en la opinión pública en comparación con la misma encuesta de años atrás. Tan sólo hace dos décadas (en 2000 y 2003) prácticamente dos tercios de los estadounidenses opinaban que el sistema era justo.
Tribunales Federales: Una Nominación Vitalicia
A nivel federal, el proceso es relativamente sencillo: todos los jueces son nominados por el Poder Ejecutivo. Esto incluye a los aproximadamente a 900 jueces que fungen en la Corte Suprema de los Estados Unidos, los Tribunales de Apelación y los Tribunales de Distrito. Los jueces federales son nominados por el Presidente y confirmados por el Senado. Una vez nombrados, pueden ejercer el cargo de por vida, lo que supuestamente “garantiza” que sus decisiones estén aisladas de presiones políticas. Este mandato vitalicio, arraigado en la Constitución, tiene la intención de preservar la independencia judicial, permitiendo a los juzgadores tomar decisiones basadas únicamente en la ley y su interpretación. Los jueces federales pueden permanecer en su puesto a menos que renuncien, se retiren o sean sometidos a un juicio político y destituidos. Desde 1804 sólo 15 jueces han sido destituidos.
Tribunales Estatales: Un Conjunto de Prácticas Diversas
Los tribunales estatales, que albergan a la mayoría de los jueces en los Estados Unidos (aproximadamente 28 mil) presentan un panorama más complejo. A diferencia de la uniformidad del sistema federal, los métodos de selección judicial estatal varían ampliamente, reflejando las culturas políticas partidistas de cada estado. Compartimos dos ejemplos estatales en sus sistemas judiciales: Texas y California.
Texas: Elecciones Electorales Judiciales
En Texas, el poder judicial está profundamente entrelazado con la política electoral del estado. La mayoría de los aproximadamente 3 mil 300 jueces del estado son elegidos en elecciones electorales y partidistas, desde la Corte Suprema de Texas hasta los tribunales locales. Los jueces cumplen términos fijos: cuatro años en los tribunales de primera instancia y seis años en los tribunales superiores, tras lo cual deben ser reelectos si desean continuar en sus puestos. Aunque el gobernador puede nombrar jueces para cubrir vacantes, estos nombramientos son temporales y sólo duran hasta la próxima elección general. El predominio de las elecciones en Texas subraya el compromiso del estado de mantener al poder judicial responsable ante el electorado, aunque también plantea preocupaciones sobre la influencia de las contribuciones económicas privadas en las campañas y la política partidista en la imparcialidad judicial.
California: Nominaciones y Re-Elecciones
El enfoque de California ofrece una combinación de nombramientos directos y elección directa. Los aproximadamente 2 mil 200 jueces del estado son seleccionados a través de un proceso que comienza con una nominación del gobernador en turno (para su aprobación en comité) seguido de un proceso de elección al finalizar el primer término del juez. Los jueces de la Corte Superior, que se desempeñan en los tribunales de primera instancia del estado, son típicamente nombrados por el gobernador pero deben presentarse a elecciones electorales no partidistas para conservar sus puestos. El periodo de estos jueces es de seis años y deben postularse para la reelección si desean continuar en la bancada judicial.
Para los tribunales superiores, incluidos los Tribunales de Apelación de California y la Corte Suprema de California, los jueces son nombrados por el gobernador y confirmados por la Comisión de Nombramientos Judiciales de California. Estos jueces no enfrentan desafíos electorales tradicionales pero deben participar en elecciones de retención cada 12 años, donde los votantes simplemente deciden si los mantienen o no en el cargo. Este sistema tiene como objetivo equilibrar la independencia judicial con la responsabilidad del electorado, asegurando que los jueces permanezcan conectados con el electorado sin las presiones de las campañas.
Críticas e Hipocresía
Recientemente, los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México criticaron al Gobierno de México por su iniciativa para reformar el sistema judicial que incluye una propuesta para elegir a los jueces por voto popular. Los embajadores argumentaron que tal sistema podría socavar la independencia judicial y llevar a una mayor politización del poder judicial.
Sin embargo, esta crítica puede verse como hipócrita cuando se compara con el sistema judicial de los propios Estados Unidos que tiene un proceso de selección judicial complejo y a menudo politizado. A nivel federal, los jueces son nombrados de por vida, una práctica destinada a aislarlos de presiones políticas pero que ha llevado a significativas batallas partidistas sobre las nominaciones judiciales. Mientras tanto, en estados como Texas, los jueces no sólo se eligen por votación popular sino que también se eligen en contiendas partidistas una práctica que posiblemente exacerba la polarización política y cuestiona la neutralidad de los tribunales.
En California, aunque los jueces son nombrados por el gobernador, aún deben enfrentarse a los votantes en elecciones de retención, un proceso que mantiene una conexión con la opinión pública pero que también somete a los jueces a los caprichos de la política electoral. Lo mismo se puede decir de muchos otros estados en los Estados Unidos donde las elecciones judiciales son la norma.
¿Un Sistema en Equilibrio o en Conflicto?
El Poder Judicial estadounidense es tan variado como la propia nación, ya que cada estado crea un proceso de selección que se alinea con sus valores y tradiciones legales. Ya sea a través de nombramientos vitalicios a nivel federal o elecciones partidistas en estados como Texas, los métodos para seleccionar jueces reflejan un delicado equilibrio entre independencia y responsabilidad.
Repetimos y terminamos como empezamos: A medida que Estados Unidos y Canadá critican las reformas judiciales de otras naciones, es crucial reconocer las complejidades y contradicciones dentro de sus propios sistemas. El desafío sigue siendo garantizar que, sea cual sea el método elegido, el Poder Judicial permanezca apegado a la legalidad, imparcial y, sobre todo justo, un estándar que todas las naciones deben esforzarse por mantener en sus sistemas legales. Las palabras del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, siguen siendo tan importantes como lo fueron en 1867: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.”
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Los hermanos Lomelí son orgullosamente hijos de trabajadores mexicanos que fueron migrantes agrícolas; ambos laboraron en los campos de California en su juventud.
Raul P. Lomeli-Azoubel presidió MALDEF, organización de Defensa Legal a favor de los latinos en Estados Unidos, además de haber fundado Saber Es Poder, una organización que brinda ayuda e información a mexicanos y latinos en Estados Unidos.
Humberto Lomelí Payán es Doctor en Derecho y catedrático en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Fue Director de la Unidad Académica de Derecho de la UAN y Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit.
Raúl Lomelí @lomeli_azoubel
Humberto Lomelín @LomeliPayan
