La minería en el mundo ha sido, y continuará siendo, la mayor aportación para la construcción de infraestructura, medicina, energía, tecnología, automotriz y en todas las actividades del ser humano. En realidad, en el futuro dependeremos de los minerales o sus componentes que están en la tierra, y los cuales son finitos y en un tiempo aún no determinado en muchos de ellos.
En México estamos por caer en una insensatez ante la propuesta presentada y aprobada en la Cámara de Diputados sobre la ley minera. Mi punto de vista sobre ésta pretende tener un espíritu adecuado para una actualización necesaria del mercado; desde un punto técnico, sobre los términos y condiciones para la exploración y extracción. Cerrando algunos parámetros de ejecución que estaban abiertos, y que pueden dar certeza al asignatario o el que tenga una concesión, vía contrato con la nación en el futuro, como es planteado en las modificaciones presentadas.
Entre plantas, empresas, grupos y minas que manejan algún mineral para su comercialización, existen en el país alrededor de 845 permisos otorgados por el gobierno, de acuerdo con los datos del Sistema Geológico Mexicano (SGM), de éstas, hay registradas 180 minas para la extracción de minerales.
El gobierno mexicano entrará en una espiral descendente si no mide las consecuencias de ejecutar o adecuar la propuesta. Será inmaduro e insensato pretender que el Sistema Geológico Mexicano tome todo y ejecute debido a que no cuenta con la experiencia necesaria para mantener o controlar un negocio minero. El SGM, ha sido el ente de control, investigación, de evaluación y de todo lo necesario para comprender la minería en nuestro país, y ahora queremos estresarlo.
Antes de pretender un paso adelante del SGM y montarlo como una Comisión Nacional Minera (es lo que se pretende) debemos dejar en claro si tiene o tendrá el dinero necesario para operar y hacer todo lo que se está proponiendo.
Un dato importante: durante décadas, México no invirtió en forma directa en el sector minero bajo presupuesto público; ahora, con la propuesta estará poniendo en riesgo capital en mercados financieros. Solo para comentar, del total de la inversión extranjera directa (IED) en el país, de 1999 a 2022, el sector minero ha representado en promedio entre 5 y 7 por ciento en forma anualizada.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía sobre la IED, y analizando al sector 21; el cual contabiliza la minería y la actividad de extracción de petróleo y gas, la primera representaba del total 99 por ciento de 1999 a 2015 y de 60 a 65 por ciento de 2015 a 2022.
El cambio de que la minería fuera preponderante en la IED se debió principalmente a la entrada de empresas privadas al sector de petróleo y gas, derivado de la implementación de la reforma energética y que empezó a licitar sus primeros contratos a partir de 2015. La inversión extranjera en el sector de hidrocarburos se ha mantenido en los últimos siete años por arriba de los 800 a mil millones de dólares en forma anualizada en promedio.
La inversión minera pasó de un máximo de 400 millones hasta 2007 a un salto cuántico a partir de 2008, para mantenerse en promedio anual en rangos de 2 mil a 4 mil millones de dólares en promedio anual.
En el supuesto de que fueran aprobadas las adecuaciones a la ley minera, deberán dar un presupuesto de entre 400 a 600 mil millones de pesos al SGM y a LitioMx. La pregunta es de dónde saldrá este dinero.
Ante esto, los diputados confirmaron que la reforma energética de 2013 sí sirvió y aún sirve, debido a que fueron tomados en su mayoría los artículos de la ley de hidrocarburos vigente, para las reformas, adiciones y derogaciones a la ley minera aprobada en la Cámara de Diputados, y conforme a los datos anteriores podemos observar que:
- La ley de hidrocarburos indica que las reservas y la forma de la explotación es de la nación. Para lo cual podrá ser realizada esta actividad por medio de licitaciones en áreas donde la nación no tenga recursos, y darán asignaciones a empresa del Estado para explotar las mismas, para lo cual debe haber presupuesto para la empresa. Esto mismo está en la ley minera.
- La propuesta de ley permitirá a una empresa del Estado hacer farm-out, alianza y consorcio bajo contratos con la nación vía el SGM por medio de una licitación pública. ¿Entonces por qué en la de hidrocarburos no se permite?
- Según el artículo 100 de la ley de hidrocarburos, la contraprestación para uso de los terrenos necesarios será negociada y acordada entre propietarios o titulares de dichos terrenos. La propuesta sobre la ley minera contiene lo mismo, solo que dice pueblo o comunidades indígenas, ¿y los particulares cómo quedan?
- La ley de hidrocarburos indica que las asignaciones o contratos deberán presentarse para nuevas concesiones, estudios de impacto social o ambiental y reportar accidentes. Esto fue adicionado en las reformas a ley minera (no está en la ley anterior). El inconveniente es que deberá tener carta de crédito para cubrir cualquier daño de lo anterior descrito. ¿La carta de crédito sobre qué valor será emitida?
- El SGM fungirá como algo parecido a la Comisión Nacional de Hidrocarburos surgida en 2008 y ampliada en 2014. Podrá coordinar licitaciones y desarrollo tecnológico, guardará toda la información del subsuelo y podrá cobrar por sus servicios.
La propuesta a la ley minera tiene muchas incógnitas, y ésta no debe afectar a lo actual. Si no se respeten habrá una parálisis minera porque:
- Qué tan rápido puede tener el SGM data room de las minas actuales en fase de exploración y explotación.
- La empresa del Estado a la que se le asignen las minas tendrá presupuesto para continuar operando y la misma eficiencia que las que tienen actualmente la operación. Qué tan rápido saldrán las licitaciones de las nuevas minas o actualizaciones de las actuales. Habrá la capacidad para hacerlo.
- Dará tiempo para asignar contratos por licitaciones públicas o serán asignaciones a la empresa pública para que después hagan farm-out, alianzas o consorcios. Serán directas al volverlo urgente.
- No habrá minas de litio explotadas a escala industrial hasta 2033, y puede ser cuando inicie el potencial respectivo en México, pero debemos adaptarnos a la evolución que habrá lugar de las baterías, principalmente para los carros eléctricos, debido a que el precio del carbonato e hidróxido de litio varía, como ha sucedido de 2022 a 2023 con la pérdida de valor en los mercados.
La ley no debe ser retroactiva respecto a lo ya establecido antes de estos cambios, y deberá ser puesta en marcha para las nuevas áreas que el gobierno crea conveniente por medio de una asignación a una empresa del Estado y/o hacer un contrato con un privado por medio de una licitación.
