El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es la expresión más precisa de las prioridades de un Estado. Los gobiernos de Morena se han enfocado en priorizar un presupuesto redistributivo, y para mejorar el bienestar de la mayoría de la población. Para evaluar el cambio de enfoque y sus resultados de los últimos años comparé la asignación por habitante, en pesos constantes, del PEF 2000 y del proyecto 2027, y la crucé con los indicadores de bienestar del INEGI. Los resultados permiten distinguir con claridad dos modelos de gasto.
El primero priorizaba transferencias focalizadas y condicionadas. El segundo apuesta por derechos universales pagados de forma directa. En 2000 no existía una pensión federal no contributiva; en 2027 representará unos 4,800 pesos por habitante. Cruzando estos cambios con indicadores sociales, encontramos que desde que se mide la pobreza multidimensional, la extrema pasó de 11 a 5.3 por ciento de la población. Los programas sociales por habitante se multiplicaron casi nueve veces y en correspondencia la carencia alimentaria bajó de 21.7 a 14.4 por ciento. Las becas pasaron de 2.5 a 14.7 por cada 100 habitantes, y el abandono en bachillerato, disminuyó de alrededor de 17 a 11 por ciento. El presupuesto del IMSS por habitante creció dos veces y media y en contrapartida la población sin seguridad social se redujo de 65 a 48 por ciento.
El hallazgo más robusto está en la desigualdad. Según la ENIGH 2024, el coeficiente de Gini fue de 0.391, el más bajo en cuatro décadas; sin transferencias habría sido de 0.450. Pocas veces una política pública muestra un efecto tan directamente medible. Además, el reciente énfasis en acceso a la vivienda se observa una caída de más de la mitad en la población que habita viviendas precarias.
Las causalidades deben atemperarse, ya que la mejora del ingreso responde en buena medida a los aumentos del salario mínimo, que no son gasto presupuestal.
Por otro lado, el acceso efectivo a servicios de salud ha pasado por una sima. Este se deterioró tras la transición institucional de 2020, y el PPEF 2027 apenas comienza a revertirlo con un aumento real de 10.9% de población con acceso a servicios de salud.
Además, las transferencias universales, por su diseño, no llegan nada más a la población que más las necesita, y su eficiencia mejoraría si nada más se asignaran a los deciles más bajos
El pendiente central es fiscal. Y los retos son inmensos. Solamente el gasto total en pensiones, contributivas y no contributivas, se acerca a 6.3% del PIB y seguirá creciendo con el envejecimiento presentando un reto significativo a las finanzas públicas. Además necesitamos que la inversión pública aumente. Actualmente la inversión física ronda el 2.6 por ciento del PIB, lejos de los niveles de hace una década, y el costo financiero de la deuda ya la supera. Además necesitamos invertir más en seguridad, el cual ha crecido, pero sigue siendo insuficiente frente a la dimensión del reto.
Y es que con una recaudación cercana a la mitad del promedio de la OCDE, se dificulta sostener la política social y, al mismo tiempo, invertir en infraestructura y seguridad sin presionar la deuda.
La siguiente etapa exige aumentar aún más la contribución tributaria mediante la ampliación de la base y reducción de la evasión, para financiar más inversión pública y más seguridad sin comprometer la sanidad de las finanzas. Consolidar los derechos alcanzados requiere, ahora, consolidar su fuente de financiamiento.
