Son cuatro personas fallecidas, siete siguen hospitalizadas y hay cuantiosos daños, a un mes de las explosiones en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.
Pero estos hechos trágicos no han sido suficientes para que los agentes investigadores federales y locales detengan a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Es inexplicable que siendo tan visible la red de las células de las bandas de huachicoleros en la entidad, las fiscalías generales del estado y de la República no tengan resultado alguno.
Falleció en la zona cero Abimael Eduardo Zamorano, de 32 años; y después en el hospital, por las graves lesiones: Práxedis Martínez Martínez, de 62 años; Angélica Andrea Cruz, de 17 años; y Azucena Bravo Martínez, de 43.
Además, hasta el último reporte de la Secretaría de Salud estatal, siete personas continúan hospitalizadas a causa de las heridas que sufrieron durante las explosiones.
“Si no pueden renuncien, pero no sigan usando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada porque eso también es corrupción”.
Se escuchó aquel 21 de agosto de 2008 por el reclamo de justicia del empresario Alejandro Martí, padre del menor Fernando quien fue secuestrado y asesinado. El empresario exhortó a las autoridades a trabajar contra la inseguridad y luchar para abatir la impunidad y la corrupción.
Han pasado 13 años de ese acontecimiento que cimbró las estructuras del poder político y sensibilizó a una sociedad que se venía haciendo indiferente ante la creciente delincuencia e inseguridad pública, hasta donde nos encontramos hoy.
A diferencia de ese 2008, la inseguridad pública y la violencia relacionada con la delincuencia se ha desbordado, ha superado al Estado, minimizado a los gobiernos y dejando a una sociedad vulnerable a la rapacidad de los criminales, cualquiera que sean los delitos.
Las familias afectadas de las explosiones en San Pablo Xochimehuacan no tienen la voz ni el poder económico y social como la del empresario como Alejandro Martí. Las víctimas de los delincuentes responsables de las explosiones, es gente pobre, o en pobreza extrema.
La única esperanza de justicia es la Fiscalía General con sus agentes investigadores porque son los representantes sociales, pero por lo visto les están fallando; “si no pueden, renuncien”.
Pablo Ruiz
pablo.ruiz@milenio.com
