Proponer, sin adjetivos, un punto de acuerdo en el Congreso local para suprimir la desaparición de cinco juntas auxiliares de la ciudad de Puebla, es un buen gesto del diputado local Eduardo Alcántara Montiel.
En la propuesta de punto de acuerdo para que el ayuntamiento poblano elimine la figura de gobierno auxiliar, bajo la denominación de órganos desconcentrados de la administración pública municipal, se establecen las razones históricas, sociales y políticas con justificación.
El crecimiento poblacional y geográfico, además de otras circunstancias políticas, hacen viable la propuesta para que el gobierno de la ciudad suprima las juntas auxiliares de San Baltazar Campeche, Ignacio Zaragoza, La Libertad, Ignacio Romero Vargas y San Felipe Hueyotliplan.
Al margen de las enmiendas a la Ley Orgánica Municipal de la ciudad capital y a las facultades del Congreso local para aprobar la figura de las juntas auxiliares, en su creación o supresión, vale la pena un recuento breve de la realidad política y administrativa de estas autoridades municipales auxiliares.
La primera consideración es que el caso particular de las cinco juntas auxiliares propuestas para suprimir por el diputado panista Alcántara Montiel, de 17 en total en Puebla capital, no se justifica como “auxiliares” porque el gobierno municipal central atiende los servicios públicos.
El costo para mantener un estructura burocrática solo genera un gasto innecesario, duplica las funciones y no contribuye en ninguna labor sustantiva en los servicios públicos y administrativos.
Algunas de estas juntas auxiliares se han vuelto un coto de poder económico de familias que, por décadas, controlan servicios auxiliares solo con fines de lucro. En lo particular, La Libertad se volvió en los años como el centro de tráfico de actas de nacimiento para “ciudadanizar” a personas originarias de otros estados, y al servicio de bandas de polleros que obtenían documentos “oficiales” para personas procedentes de Centroamérica.
Como ésta junta, otros municipios tienen el monopolio del Registro Civil que les ha servido para beneficiar el tráfico de personas.
Además, como ocurre en otras juntas auxiliares, se utilizan mecanismos obsoletos para la elección de las autoridades auxiliares, las cuales contravienen a las leyes reglamentarias para el estado y municipios.
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