El derecho a la información y la libertad de expresión enfrentan nuevos derroteros que obliga a revisarlo desde la perspectiva del movimiento hecho gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Una de esas expresiones están relacionadas con las reformas a la Ley General de Comunicación social que reduce a 0.1% del presupuesto anual el gasto de difusión de los tres órdenes de gobierno.
Ante estas medidas de acoso al derecho a la información, y las correspondientes que afectan a las empresas de medios de comunicación, alcaldes de 15 estados han iniciado una controversia constitucional al reducir a 0.1% del gasto anual en campañas de difusión.
La alcaldía poblana promovió el juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la sindicatura porque en opinión del municipe Eduardo Rivera Pérez, la reforma en la Cámara de Diputados vulnera la autonomia municipal y la soberanía de los estados, así el presupuesto de gasto del propio gobierno federal.
A esta reforma impuesta por la mayoría de diputados de Morena y los partidos aliados en la Cámara de Diputados, le siguió la propuesta morenista de sancionar con multa y cárcel a quien insulte e injurie al presidente, a los secretarios del gabinete federal, a los gobernadores o a los alcaldes. Asomó la censura al inicio de este régimen con una primera iniciativa legislativa de sancionar a los conductores de noticias en medios electrónico como Radio y Televisión por editorializar la información, dar su opinión o emitir juicios de valor.
Los empresarios afiliados a la CIRT anunció que acudirá a todos los medios legales para defender la libertad de expresión en México.
Le siguen otras medidas como la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados que aumenta multa económica e impone hasta dos años de cárcel en caso de injurias al presidente, gobernadores, secretarios de Estado y alcaldes.
Si bien el presidente adelantó que vetará el dictamen de enmienda de la Ley de Imprenta a la iniciativa presentada por la diputada morenista Bennelly Jocabeth Hernández, lo cierto es que existen este tipo de intenciones en detrimento de los gobiernos y medios.
Pablo Ruiz
