El ex edil de Chalchicomula de Sesma, el priista Juan Navarro, además de apropiarse de bodegas de la Central de Abasto construidas con recursos federales, utilizó el mismo modus operandi para hacer negocio con un programada de viviendas.
El ex alcalde, actualmente preso junto con una parte de sus compinches, dos regidoras y su ex secretario del ayuntamiento (faltan por ejecutarse otras detenciones), utilizó una de las sesiones de Cabildo para cometer más ilícitos, ahora con viviendas construidas con recursos federales.
Con el objetivo de enriquecerse con un programa de vivienda para personas más necesitadas, Navarro y regidores cómplices crearon en la sesión del Cabildo del 12 de abril de 2016 un “comité de obra municipal”.
En esa misma sesión aprobaron realizar la obra denominada “100 unidades básicas de vivienda” en el municipio, mediante el programa Apoyo a la Vivienda 2016.
En esa fecha el Cabildo le autorizó a Juan Navarro Rodríguez y al síndico municipal Hilario Aguilar Aguilar la firma de convenios y contratos para la construcción de 100 viviendas.
Formaron parte de ese comité Juan Navarro y María Lucía Trinidad, como directora de Obra; de vocales: María Eva Cruz Brenes, regidora de Gobernación (actualmente presa); José Pedro Jiménez Sarmiento, Hilario Aguilar, Noé Tentle; y Carlos Jesús Martínez, el contralor municipal, como “Comisario”.
La aportación en partes iguales de la Federación y el ayuntamiento fue de 6 millones 350 mil pesos (12 millones 700 mil pesos) y un millón de los beneficiarios (10 mil pesos por casa).
Casualmente, el mismo vendedor de la parcela ejidal para construir la Central de Abasto y las viviendas fue una persona identificada como Juan Carlos Hernández Ortiz, de acuerdo con el certificado parcelario 000001027469, correspondiente a tres hectáreas, de fecha 15 de marzo de 2014.
Una primera irregularidad es que no coinciden la edad de Hernández Ortiz con la compra de la parcela.
De acuerdo con la indagatoria, Juan Navarro cobró 500 mil pesos por hectárea, y a los beneficiarios les obligó a hacer pagos de hasta 100 mil pesos, mientras que a regidores, funcionarios y familiares directores le otorgó hasta dos viviendas.
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