De acuerdo con el Estudio “Ojos a la obra” de la Organización México Evalúa, en México, las licitaciones no están garantizando suficiente competencia, entre otras cosas porque sólo se revisa completamente una tercera parte o menos de las propuestas presentadas, no se publica suficiente información de los proyectos y se vician o se evaden las licitaciones, permitiendo que las obras, servicios y bienes no se adquieran en las mejores condiciones para el mayor rendimiento de los recursos públicos.
Adicional a esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018, señala que los estados de la república gastaron 17% más de lo programado; los presupuestos de egresos no se hacen con calidad, es deficiente la planeación, además el gasto se hace con discrecionalidad y opacidad.
En medio de esto, viene bien que el Presidente Electo, López Obrador, haya anunciado futuras reformas legislativas para impedir que los contratistas que alguna vez han fallado en el cumplimiento sus contratos con el gobierno vuelvan a ser contratados y se prevé que debe haber una plena disposición de las diferentes fuerzas políticas para acabar con eso, ya que todos se han puesto públicamente la camiseta de la lucha anticorrupción.
Se requiere articular una reforma en la que se eviten más desfalcos y a la vez impedir que se generen quejas de concursantes por descalificaciones injustificadas si acaso los contratistas incumplidos disolvieran sus empresas desprestigiadas y crearan otras nuevas evadiendo las restricciones.
Ojalá que todas estas voces anticorrupción sean más que un coro de buenas intenciones que también mejoren los procesos de licitación, así como los de planeación, supervisión, construcción de obras y transparencia.
En esa dinámica deberían efectuar a la brevedad la integración del Tribunal de Justicia Administrativa y designar transparentemente al Fiscal Anticorrupción que lleva meses demorado.
Otra batalla para el Presidente Electo, será cumplir con la entrega de apoyos de programas sociales diversos, sin intervención de organizaciones como ”Antorcha Popular” a la que señala que lejos de abanderar causas de bienestar social, han montado un rentable negocio en la gestión de recursos públicos.
Para eso, es previsible que vendrán múltiples marchas y plantones, y si no tiene un fundamento legal preciso, que no vulnere el respeto a la libertad de expresión, organización y participación, será difícil culminar en corto plazo, menos si no logran cubrir en poco tiempo todos los flancos de exigencia social por los cuales “abogan” antorchistas y otras organizaciones.
La primera represalia antorchista podría sentirse en la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto que mucho representa para el próximo presidente y en la que ya amagan con intervenir. Hay mucho en juego y el manejo del tema hasta ahora deja que desear. Tremenda prueba
