Parece que el escándalo de la ministra Yasmín Esquivel nunca acaba. Retomemos: primero lo negó, después dijo que ella era la plagiada, posteriormente presentó ante notario declaraciones del supuesto plagiario aceptando el plagio; luego ‘el plagiario’ lo desmiente. La UNAM dice que no se puede hacer nada. Sale otra nota de otro plagio de su tesis de doctorado.
La coyuntura del 8M y el clamor contra la violencia política de género ofrece alternativa en medio de las turbulencias que experimenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los cuestionamientos presidenciales sobre la ministra presidenta Norma Piña o con las críticas generalizadas respecto a las titulaciones de Esquivel; y ahora la defensa de ésta última será acusar el delito de ‘violencia en comunidad contra las mujeres’.
El Artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona a quien encabece o participe en campañas que se perciban violentas contra una mujer y que, en especial, afecten el desempeño de su encargo público. Y ya existe esta denuncia impulsada por cercanos a ambas togadas, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel): se ingresó el pasado jueves 9 de marzo a las 12:04 horas —para ser precisos— contra quien resulte responsable y como afectadas se señala a Norma Piña y Yasmín Esquivel.
En el caso de la ministra presidenta, se denuncia que ésta, desde su elección como cabeza del máximo órgano de justicia, ha sido víctima de una serie de ataques de odio dirigidos hacia su persona y su labor como juzgadora, y que han derivado en amenazas contra su integridad física.
Para el caso Esquivel, aunque la investigación apunta a que la responsabilidad del plagio pudo haber sido de un hombre —Édgar Ulises Báez— o de una mujer —Esquivel—, solo ella ha sido víctima de ataques en las redes, incluso desde las propias instancias oficiales encargadas de las indagatorias. Y en una campaña enfocada a cuestionar o a afectar el desempeño de su cargo público.
Palabras clave
La querella, que involucra a dos de las ministras mujeres de la SCJN, se presenta ante una fiscalía encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, esposo de otra integrante del máximo órgano de justicia, la ministra Loretta Ortiz. Por si de algo sirviera el dato para completar el argumento de lo que en teatro sería esta comedia perfecta de equívocos.
Óscar Cedillo@Conejocedillo
