El siglo XXI ha sido testigo de una gran revolución en la teoría de la administración pública. Los nuevos paradigmas y el involucramiento de periodistas y otros sectores como las feministas y la sociedad civil en lo público, proponen, y me atrevería a decir que exigen que los gobiernos incluyan la participación ciudadana en las actividades de gobierno, ya sea de manera autónoma o a través del Poder Legislativo y ejercicios como el Parlamento Abierto.
El siglo pasado fue el del Estado weberiano que no rendía cuentas a la ciudadanía y el de los excesos y escándalos. Sin duda, este déficit de transparencia y de la precaria rendición de cuentas de los gobiernos del siglo XX se encuentra detrás de la presente crisis de legitimidad en muchos países del mundo y de gobiernos estatales en nuestro país.
De acuerdo con la OCDE, hay una relación estrecha entre el desarrollo humano y económico de la población y la fiscalización efectiva de los planes y presupuestos de los gobiernos; de ahí que el nuevo lema del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México sea “Cuentas claras, mejores gobiernos”.
En ese mismo orden de ideas, la necesidad de la fiscalización ciudadana a los gobiernos se encuentra en el centro de la teoría y práctica de las democracias liberales. Uno de los padres del liberalismo, el inglés John Locke, sugirió en su Segundo Tratado sobre el Gobierno, que ningún régimen político podía imponer políticas públicas a la ciudadanía sin su consentimiento. Pero la anuencia ciudadana a la actuación de los gobiernos solo puede ser efectiva si se fiscaliza su actuación. De otra manera, la ciudadanía no contaría con la información necesaria para premiar o castigar con su voto a los gobiernos.
Los debates contemporáneos sobre la transparencia y la fiscalización ciudadana no se han reducido a la actuación de los gobiernos centrales, sino que también implican a los gobiernos locales y estatales. De hecho, se podría argumentar que son precisamente este tipo de autoridades, más cercanas a la gente, en las que mejor pueden funcionar estos ejercicios de rendición de cuentas. Esto es lo que vio el autor francés Alexis de Tocqueville cuando visitó Estados Unidos en 1831. En su Democracia en América, Tocqueville cuenta cómo las administraciones locales se encontraban en armonía con los intereses ciudadanos y argumentó que esa era precisamente el gran mérito de la república estadounidense.
Este círculo virtuoso ocurre con más frecuencia en gobiernos divididos donde las y los legisladores sirven de contrapeso al Ejecutivo.
Esto es lo que está sucediendo hoy en día en el Estado de México. Es por ello que es de celebrar que la LX Legislatura del Estado de México haya recuperado su facultad de calificar las cuentas públicas y haya reiniciado la reestructuración del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para fortalecer la rendición de cuentas y la fiscalización.
Este esfuerzo, a través del Programa Anual de Auditorías 2021, va a privilegiar sobre todo la revisión del presupuesto estatal de tal manera que cada peso que se gaste, esté justificado y se convierta en beneficio de las y los mexiquenses. En el OSFEM, ahora se planea que las labores de fiscalización sean amplias: de la deuda pública al sector salud y educativo, de los programas sociales a los órganos autónomos, de los municipios a la contratación de medios informativos.
No más intocables. Tocqueville, sin duda alguna, lo habría aprobado.
*Auditora Superior del OSFEM
