Cuando el capo Pablo Escobar imponía su ley en Colombia, al igual que él, todo el crimen organizado de su país, solamente conocían un temor: que fueran considerados “extraditables”-Su gobierno, junto al de Estados Unidos, extendieron esa amenaza para intentar frenar su manifiesto dominio de terror y narcotráfico. Con sus variantes, esto sucede con las medidas que hoy aplica en México y en otros países al señalar como objetivos de procuración para ser extraditados por lo que consideran comisión de delitos como el tráfico de enervantes a su territorio. Para las leyes estadounidenses, hay que recordarlo, los cárteles alcanzan el grado de organizaciones terroristas y ello, al menos en el papel, les otorga facultades de extraterritorialidad para intervenir en otra nación con el uso de su fuerza. A nivel de derecho internacional esto es desde luego inadmisible pero el amago es real. Si no, habría que preguntarle al expresidente venezolano Nicolás Maduro.
Sobre este esquema, el gobierno de México enarbola la defensa de su soberanía y critica a organismos como la DEA que se maneja como si fuera un ente que puede actuar sin importar fronteras. Pero, lo que hay que ver es que la injerencia de este tipo es real, tiene muchas facetas y lleva décadas de practicarse y, aunque parezca raro decirlo, en ocasiones hace lo que los gobiernos son incapaces de realizar y que sí permiten que las mismas autoridades, casi siempre por corrupción, impiden hasta que las bandas delincuenciales se acaben.
Los personajes que ha señalado Estados Unidos en nuestro ámbito político como coadyuvantes del crimen y de protección a los cárteles, vienen a ser los “extraditables” de antes. Sin embargo, ya hemos visto que el tema se ha calificado de “injerencismo” y ciertamente ninguno de los señalados, sobre todo en los altos niveles, como el gobernador Rubén Rocha, ha pasado por prueba ni investigación alguna y, al contrario, son objeto de una total protección del Estado. La presidenta de México no se cansa de decir que se trata de señalamientos y no de pruebas, pero que se sepa, ni siquiera le ha valido para efectuar una investigación interna que corrobore sin sombra de duda ni sospecha. Entonces, al igual que sucede en otros casos de altos políticos que pertenecen a el partido en el poder, lo único que delata al gobierno mexicano es el deseo de proteger a los suyos, sobre todo a los que son amigos o han colaborado con el expresidente López Obrador.
Con esa postura, resulta que la simple cancelación de una visa norteamericana es vista como un verdadero ataque. Hay que ser claros. Por principio de cuentas también es una nación soberana y que definitivamente le asiste el derecho de limitar el acceso a quienes o bien sospecha de algún peligro para su país, hasta llegar a una conclusión en el sentido de que todos los países, incluido el nuestro, está en plena facultad de negar visa por el motivo que se quiera. Vamos, reconozcamos que esto incluye la negativa de ingreso hasta porque se le dé la gana.
En vez de verlo objetivamente, se escandaliza el gobierno de la señora Sheinbaum por la famosa visa cancelada nada menos que al hijo del expresidente. Es hora que nada tiene ver eso con el “injerencismo” ni es amenaza de un país a otro ni atentado a la soberanía de ninguno. Se rasgan los morenistas sus bastante percudidas vestiduras para “respaldar” la lucha patria de la presidenta (o del expresidente) porque el delfín que una vez soñó López Obrador dejara como su heredero en el puesto máximo de Palacio. No obstante el berrinche de “Andy” López Beltrán porque ya no va a poder visitar a su hermanito en Texas, bien valdría la pena que se examinara seriamente el origen de la medida tomada por Estados Unidos, como sucede en la gobernadora de Baja California y muchos más.
Al planteamiento de “extraditables” que ahora en versión actual tienen en el vecino país, surge una contraparte mexicana. Hace apenas unos días y en calidad de “fast track”, la fiscal “independiente” Ernestina Godoy libró de cualquier mancha al hijo de AMLO, Sin pensarlo, apoyó la creación que bien podríamos llamar los “exonerables”, los limpios de todo por la consabida “falta de pruebas”, a los que ni se investiga ni por guardar normas, y lo más grave, a los que se protege de todo. Sin mayor trámite, lo que naturalmente con cualquier opositor.
¿Cuál es entonces el fondo de todo? Ni duda cabe: la elección del 2027.
