A diferencia de los esquemas tradicionales de justicia penal, donde policías y fiscales se encargaban de investigar y perseguir todos los delitos— desbordados de trabajo y abrumados por montañas de expedientes que nunca lograban analizar—, el sistema acusatorio fortaleció el modelo de derecho penal premial. Éste se caracteriza por facilitar e impulsar la colaboración de quienes, teniendo conocimiento de un crimen o habiendo participado en él, deciden colaborar con la Fiscalía. Esa colaboración, que debe ser eficaz, sólida y permanente, se traduce básicamente en dos cosas: con la información aportada el Estado logra descubrir y detener a quienes perpetraron el delito denunciado, mientras que el testigo —cuya colaboración no se traduce en asumir culpabilidad alguna—, obtiene beneficios procesales, como la libertad o la extinción de la acción penal. Se puede estar a favor o en contra de esta figura, pero sus efectos son contundentes: mediante la información aportada por el testigo colaborador, se desintegran redes criminales a escala internacional, se da una explicación a la sociedad en relación con hechos sucedidos en el pasado y se repara el daño causado a las víctimas. Por otro lado, se atenúa la presión sobre quienes integran el sistema de justicia penal, de tal forma que la Fiscalía puede enfocarse en las nuevas denuncias que recibe todos los días: un caso menos —suelen decir los Agentes del Ministerio Público— es siempre un alivio. Si, en armonía con lo señalado, se cuentan los miles de peritajes pendientes por realizar en las fiscalías —en materia de violencia contra la mujer hay que esperar meses para un dictamen psicológico—, y el déficit en el número de agentes de la Policía para atender las llamadas de auxilio, entonces la descarga de expedientes es como un vaso de agua, pero en medio del desierto. La figura de testigo colaborador es especialmente útil para descubrir delitos de comisión oculta, donde quienes los realizan suelen tener mucho cuidado de no dejar rastros ni evidencias, de cara a complicar la tarea de la 2 autoridad. Este es, precisamente, el caso de los hechos vinculados a la corrupción: se actúa de manera sigilosa, se instrumentaliza a múltiples personas, se incluyen montos millonarios de efectivo y, finalmente, se intenta ocultar el botín. De ahí que casos paradigmáticos de corrupción trasnacional sólo se hayan podido resolver mediante la participación de un testigo colaborador: éste señala los lugares, fechas, nombres, montos, detalles y el modus operandi de las organizaciones criminales, mientras que la policía procede a su detención. Las mejores prácticas a escala internacional muestran que tenemos mucho que aprender de países de nuestro entorno. En Brasil, por ejemplo, se resolvió la trama Odebrecht mediante la colaboración de quienes participaron en corromper a políticos e instituciones a escala mundial. México no fue la excepción: la empresa brasileña diseñó un aparato corruptor que alcanzó las más altas esferas del poder, compró voluntades, impulsó reformas legales en su beneficio y sometió la voluntad de quienes debieran salvaguardar los intereses de la República. Desafortunadamente, a diferencia de lo que sucede en Brasil, Perú, Chile o Estados Unidos, la figura del testigo colaborador se conoce poco, se implementa menos y —en la mayoría de los casos— es objeto de fuertes ataques desde todos los puntos cardinales, pero con un mismo destino: debilitar al testigo colaborador que, entre nosotros, responde al nombre de Emilio Ricardo Lozoya Austin. Si, como es de dominio público, Lozoya Austin denunció los hechos de corrupción verificados en el sexenio pasado, aportó datos de prueba contundentes que se han materializado en la judicialización de expedientes, ha manifestado ante el órgano jurisdiccional —y frente a las autoridades— su disposición para reparar el daño solicitado y ha ratificado, a pesar de haber sido recluido en prisión, su plena disposición para sostener su dicho, estamos entonces ante un testigo colaborador que debe ser protegido. Y esto rige, también, para su esposa, hermana y madre, quienes, a pesar de ser investigadas por hechos sucedidos antes de que Lozoya fuera servidor público y en torno a los cuales nunca obtuvieron beneficio alguno, están interesadas y comprometidas en que se conozca la verdad. Sujeto a grandes presiones, riesgos y peligros para su integridad, Lozoya Austin no se va a detener: está convencido de hablar con la verdad, en armonía con la política de lucha contra la corrupción, implementada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
