En Europa asistimos a un auge de partidos nacionalistas de derecha. En Italia tenemos un gobierno liderado por un partido de derecha nacional conservadora. En Francia, el partido de Marine Le Pen es la segunda fuerza política. En Alemania hay un notable crecimiento del partido AfD, Alternativa para Alemania. En Países Bajos, la última victoria del partido de Geert Wilders ha marcado un nuevo mapa político. En Suecia y Finlandia tenemos gobiernos con participación de la derecha.
El tema principal que ha producido este viraje hacia la derecha es el de los problemas sociales generados por la migración y el multiculturalismo.
Hace unos 10 años, los partidos europeos de izquierda presentaban a Suecia y Dinamarca como modelos aspiracionales de países a los que debían parecerse. Después de la caída del Muro de Berlín, las izquierdas europeas buscaban referentes progresistas y los países escandinavos encarnaban el nuevo ideal por su estado del bienestar, sus políticas sociales avanzadas, su acogida al asilo y sus bajísimos índices de criminalidad.
De Suecia se llegó a decir que cerraban cárceles por falta de presos. Hoy, la realidad en ese país ha cambiado de forma notable: el crimen vinculado a bandas y armas de fuego ha crecido de manera alarmante desde mediados de la década pasada. Por ello, se han adoptado políticas que coinciden fuertemente con las propuestas de los partidos de derecha, como el endurecimiento drástico de la política de asilo e inmigración. Ha aumentado el número de deportaciones y se ha reducido la concesión de residencias. Incluso se ha bajado la edad penal de los 15 a los 13 años para combatir las bandas, y se estudia retirar la nacionalidad a delincuentes con doble ciudadanía.
Por su parte, Dinamarca ignora las directrices de la Unión Europea y acaba de anunciar que, a partir de mayo de este año, se deportará de modo inmediato a los extranjeros condenados por delitos graves que impliquen al menos un año de prisión. Por otro lado, se endurece el acceso al asilo y se introduce la vigilancia electrónica a inmigrantes en situación irregular. Con las nuevas leyes, se pide a los emigrantes demostrar una continuidad de dos años trabajando para acceder a las ayudas sociales que ya no serán gratuitas, sino vinculadas a trabajos para la comunidad. Los países que hace años eran presentados como modelos de políticas “progresistas” son los que hoy aplican algunas de las medidas más duras de Europa en inmigración y delincuencia. Sus gobiernos han concluido que eran necesarias para mantener la cohesión social y la seguridad, el mismo discurso de la derecha.
Otro elemento que ha influido en este “desplazamiento” hacia la derecha es el creciente descontento económico y social. Muchos votantes perciben que la globalización y la integración europea no han beneficiado a todos por igual. La desindustrialización en regiones tradicionalmente industriales, los salarios estancados, el aumento de la desigualdad y la inflación han llevado a voltear la mirada a partidos de derecha que promueven la protección económica nacional, las críticas a la globalización y la oposición a las políticas reguladoras de la Unión Europea.
No se puede tampoco pasar por alto el efecto de los escándalos políticos, la sensación de que los partidos de izquierda y de centro son demasiado parecidos y la percepción de que las decisiones que se toman en Bruselas están cada vez más lejos de la realidad de las personas. Ante esto, los partidos de derecha han encontrado un filón en el discurso “anti-establishment”.
Las crisis sucesivas: crisis financiera de 2008, pandemia de Covid-19, guerra en Ucrania y crisis energética, han alimentado la esperanza en partidos que prometen cambios fuertes y más control nacional. El impulso final ha venido de las redes sociales con la difusión rápida de discursos políticos, la movilización de votantes descontentos, la amplificación de los temas candentes y la creciente polarización. Agitar el descontento siempre ha dado buenos resultados.
