El mes de junio del año pasado, el gobernador Alejandro Armenta dio a conocer que el Teleférico instalado en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, iba a ser removido porque atentaba en contra de la imagen urbana e histórica.
Esto lo dijo luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, criticaran el montaje del inmueble construido en tiempos de Rafael Moreno Valle Rosas, porque "afearon" el mausoleo a Ignacio Zaragoza.
Además de eso, el gobierno estatal perdía hasta 1.5 millones de euros al año, unos 30 millones de pesos al tipo de cambio actual, solo para darle mantenimiento, pues definitivamente nunca funcionó como estaba planeado.
En aquella ocasión también comentó que desmontar para colocarlo en otro sitio costaría unos 3.5 millones de euros, poco más de 70 millones de pesos, y que pediría a la empresa a cargo de construir el cablebús que apoyara en esas labores a fin de reducir el gasto.
El otro gran fracaso de la administración morenovallista fue el tren turístico de Puebla a Cholula, que nunca operó y al final terminaron malbaratando las máquinas a la Marina, con tal de deshacerse de ellos.
En ambos casos, el extinto gobernador se pasó por el "arco del triunfo" las opiniones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como era su costumbre, y por esa razón sus proyectos turísticos nunca avanzaron.
El caso del cablebús es otro el objetivo, o al menos es la idea. Se busca que sea un medio de transporte que ayude a la movilidad de los millones de personas, en su desplazamiento diario al trabajo o a sus escuelas.
Este martes el director del centro INAH, Gustavo Donnadieu, aseguró que el gobierno estatal accedió incluso a modificar el trazo original, con tal de no afectar la zona de monumentos históricos de la ciudad.
Debido a esos ajustes, el proyecto se mantiene dentro del marco normativo y sin cuestionamientos. Hasta ahí todo bien, lo que falta es dar la información a detalle, para irlo socializando y evitar que los grupos de ambientalistas y universitarios que se oponen sin conocerlo, puedan tener argumentos para seguir en su postura.
Nada les cuesta (a las autoridades) abrirlo a la comunidad y despejar cualquier duda de las organizaciones civiles.
