La inversión de mil millones de euros en la Planta Audi en San José Chiapa es de esas noticias que vale la pena difundir, y darle toda promoción en una entidad, donde desafortunadamente el comportamiento de algunos inadaptados nos genera una pésima imagen en el contexto nacional.
El gobernador Sergio Céspedes anunció que esa inyección de recursos servirá para incrementar su capacidad en materia de electromovilidad, lo cual tiene muchas repercusiones positivas por cualquier ángulo que se vea.
En principio, este tipo de inversiones son necesarias para que Puebla siga siendo competitiva y atractiva para la industria automotriz, además de establecer enlaces con universidades públicas para fomentar la investigación y el desarrollo profesional de las nuevas generaciones.
Por si fuera poco, sirve para detonar la prosperidad económica de la región y el estado, ya que representan empleos directos en la planta, así como los indirectos en los comercios más cercanos.
Este tipo de información contrasta con lo que ocurre en materia de inseguridad, y me refiero específicamente a los hechos violentos en San Jerónimo Coyula, junta auxiliar de Atlixco, donde una turba de enardecidos habitantes linchó a cuatro presuntos ladrones y a una mujer que resultó gravemente herida. El reporte oficial informa del fallecimiento de los varones.
El homicidio tumultuario es una práctica común, y eso habla de la falta de valores por parte de más de 450 sujetos fuera de control, que cometen este tipo de crímenes y muchas veces no son castigados y por eso siguen ocurriendo.
El problema es que las autoridades de todas las esferas gubernamentales no han hecho bien su trabajo. Y no me refiero a esta administración porque estos aberrantes sucesos se han presentado desde finales de los años sesenta (San Miguel Canoa 1968), que se hizo “famosa” por dar muerte a cinco trabajadores universitarios por fanatismo religioso.
Desde la madrugada de lunes para martes, en Coyula nadie puede entrar ni salir. Es un pueblo sin ley y ni siquiera la policía estatal puede entrar, porque los vecinos tienen bloqueados los accesos a la comunidad. Es lamentable que en pleno siglo XXI nuestra entidad y el país mismo, sea ejemplo de barbarie y salvajismo. Nada justifica que sigan tomando la justicia por su propia mano, y en eso el gobierno debe juzgarlos con todo el rigor.
