Se le llame primer o tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, lo fundamental es observar en estos primeros meses la orientación y profundidad de los cambios establecidos en esta etapa de transición de un régimen político a otro en la estructura del poder del Estado Mexicano. En este breve comentario, observaré algunos de los indicios más relevantes.
Entre los expertos de este tema se reconoce un régimen o sistema político por las instituciones sujetas a un conjunto de valores que regulan la competencia por el poder y su ejercicio, las reglas y procedimientos para acceder y operar el poder político, se ubica en el equilibrio entre los poderes del gobernante frente a los del ciudadano, aunque Marx inclusive lo vinculaba al modo de producción. Los más recientes estudios los clasifican con relación al sistema de partidos, como régimen pluralista o de partido único y la división de poderes. De ahí que un elemento principal sea el consenso, y el otro la dominación legítima del Estado para el predominio de la ley.
Eso explica que la transformación legislativa del país ha sido dirigida hasta ahora a las reglas para someter a las fuerzas contrarias a la legalidad y a la creación de la Guardia Nacional. Hacer que se restablezca el Estado de Derecho. Ahora falta ver en la aplicación de esas reglas, los procedimientos y la confrontación que permitirían recuperar al gobierno su capacidad de gobernar, con legitimidad, lograr el imperio de la fuerza del Estado Mexicano y el sometimiento a las leyes. Ante la creciente delincuencia, impunidad y corrupción enraizada, el reto no es nada sencillo. Y además de los cambios legales logrados y la creación de la guardia nacional, es indispensable la participación de la sociedad fortaleciendo a su principal célula: la familia.
Entre otras medidas, es relevante la lucha contra la corrupción que diariamente reitera el Presidente López Obrador, y en su mensaje añadió la parte fundamental de su combate: eliminar la impunidad. Esa lucha por acabar la impunidad requiere evidencias después de tanto escándalo y daño al país. Eso lleva tiempo y decisión.
Como vemos, 10 meses es muy poco tiempo para estas gigantescas tareas de recuperación de la fuerza del gobierno, de su capacidad de gobernar y sancionar. Para ello es indispensable una mejor capacidad administrativa, porque el brazo ejecutor de esas políticas es la administración pública, no sólo la federal, la de las entidades federativas y la de los municipios.
Podemos concluir, el régimen político anterior fue rebasado. Las viejas reglas del sistema no funcionan, y las nuevas reglas surgen todos los días, empiezan a funcionar. El reto no es sencillo, pero vale la pena, cuando estemos convencidos de aceptarlo y juntos luchar por un México más democrático, libre, justo, legal y progresista.
