Me consta que Pablo Lemus fue, antes de enrolarse en la vida política, un activo promotor de las reformas en materia de transparencia. Yo coordinaba entonces la Red por la Rendición de Cuentas y así lo conocí: como un joven empresario sinceramente comprometido con aquel movimiento que pugnó por una reforma constitucional de amplio calado, capaz de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, tanto a nivel nacional como en Jalisco. Poco después, gracias a esas credenciales, fue postulado por Movimiento Ciudadano como candidato a la presidencia municipal de Zapopan.
Ha transcurrido más de una década desde que aquellas reformas fueron ganadas a pulso y, tristemente, hoy estamos de vuelta en esa misma batalla. Pero hoy nos enfrentamos con un adversario más poderoso, pues fue el presidente López Obrador quien concibió el así llamado “Plan C” que, entre otras cosas, se propuso extinguir la existencia de los órganos garantes de transparencia en todo el país. No fue una ocurrencia: desde que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, AMLO se opuso a la creación de órganos independientes para exigir el derecho a saber. Y ya situado en Palacio Nacional, su hostilidad en contra del INAI y su deliberada confusión entre el acceso a la información y el combate a la corrupción se volvió recurrente. Según el presidente, el INAI era inútil y caro. Y esa posición se volvió primero una consigna para los suyos y, más adelante, la justificación para borrar del mapa institucional a los órganos autónomos capaces de contrapesar la opacidad sempiterna de los gobiernos.
Obedientes a las órdenes superiores y ya con Claudia Sheinbaum en la titularidad del Ejecutivo federal, las y los diputados de Jalisco reprodujeron, casi al pie de la letra, el machote de la reforma constitucional dictado desde Palacio Nacional. Han alegado que no podían hacer otra cosa: que el mandato del Congreso de la Unión era inapelable y que no podían desobedecerlo. Lo que no dijeron es que, a pesar de la reforma constitucional impuesta por la mayoría de Morena en el Senado y en San Lázaro, sí podían añadir salvaguardas y corregir despropósitos, sin faltar a la letra de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante meses, en Jalisco se organizaron mesas de trabajo donde se escucharon las opiniones sensatas y bien fundadas de las y los mejores especialistas en la materia que alimentaron a su vez, las discusiones y las propuestas debatidas por el colectivo denominado “Compromiso por Jalisco”. Nadie propuso vulnerar el orden constitucional. Pero sí garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores del órgano de transparencia de Jalisco: el ITEI (que, por cierto, ha sido reconocido varias veces como un ejemplo a seguir en toda la república), así como aprovechar la experiencia de quienes han hecho bien su trabajo.
Se propuso garantizar que las contralorías del estado, de los poderes y de los municipios (que ahora tendrán la función de garantizar el derecho de acceso, aun siendo jueces y parte de esa tarea), cuenten al menos con el respaldo de un consejo consultivo ciudadano para vigilar su desempeño. Se propuso la creación de un órgano para garantizar la digitalización obligada de los documentos públicos que mueren en los archivos de papel y que son el insumo indispensable de la transparencia. Se propuso una transición ordenada del ITEI a las contralorías, para evitar meses de opacidad e impunidad en el cumplimiento de ese derecho. Se propuso asegurar el presupuesto y la profesionalización de las contralorías que estrenarán funciones de órganos garantes. Se propuso, en fin, obedecer el contenido sustantivo de la reforma diseñada por AMLO, pero “al estilo Jalisco”, sin quebrantar la ya muy amplia y probada tradición de transparencia de la entidad que, hasta ahora, ha sido emblemática en el país. Me consta que todas esas propuestas fueron entregadas y explicadas ante el Poder Legislativo de Jalisco y me consta, también, que fueron desdeñadas.
Queda la última esperanza. Pese a que nunca será lo mismo garantizar un derecho fundamental en la carta constitucional, de donde emanan, que en leyes secundarias, cabe suponer que el hoy gobernador Pablo Lemus honrará su pasado militante y se sobrepondrá al desdén y el descuido de las y los diputados, que prefirieron cuadrarse como soldados ante el general en retiro, en vez de proteger a sus representados. Lo que vendrá ahora será el debate sobre esas leyes secundarias y lo menos que puede esperarse es que desde la Casa Jalisco venga un paquete de iniciativas que recupere, en serio, lo mejor de la tradición jalisciense como estado pionero del derecho de acceso a la información pública.
No se trata de un tour de forcé entre partidos ni entre liderazgos coyunturales. Se trata de un derecho fundamental que está siendo disuelto con argucias administrativas y de la defensa de una trayectoria ejemplar que, en su momento, imantó a todo el país. La batalla por una reforma constitucional ejemplar se perdió. Pero la causa está intacta. Tiene la palabra el gobernador. Que así sea.
