Durante años hemos discutido combustibles, carreteras, automóviles, trenes, concesiones e infraestructura. Pero la pregunta de fondo es mucho más sencilla: cómo conectamos a las personas con el trabajo, la educación, la salud, los servicios y las oportunidades que ofrecen nuestras ciudades.
Porque la movilidad no debería medirse por la velocidad de los vehículos, sino por la capacidad que tiene una sociedad para conectar a las personas con aquello que necesitan para desarrollar sus proyectos de vida. Y hacerlo de forma segura, sustentable y accesible para todos.
Bajo esa lógica, el transporte público es probablemente el medio más democrático para movernos. Ninguna otra política pública conecta diariamente a tantas personas con tantas oportunidades.
La escala del fenómeno es clara. Sólo en nueve ciudades y zonas metropolitanas monitoreadas por el INEGI se registraron cerca de tres mil millones de viajes en transporte público durante 2025. Pocas decisiones públicas tienen un impacto tan directo sobre la vida cotidiana de tanta gente.
Y sin embargo, el transporte público rara vez ocupa un lugar equivalente dentro de las prioridades nacionales.
Las prioridades de un país no se conocen por sus discursos. Se conocen por aquello que decide financiar, impulsar y acompañar institucionalmente.
México tiene mecanismos para apoyar actividades consideradas estratégicas. El campo los tiene. La pesca también. Discutimos con frecuencia el precio de las gasolinas y sus efectos sobre la economía.
Y está bien hacerlo.
Lo que resulta más difícil de entender es por qué una herramienta tan poderosa para ampliar el acceso al empleo, la educación, la salud y las oportunidades no ocupa un lugar equivalente dentro de las prioridades estratégicas del país.
Pocas políticas públicas tienen un efecto tan inmediato sobre la desigualdad como el transporte público.
Si decimos que nos importa reducir la pobreza, combatir la desigualdad y enfrentar la crisis climática, ¿por qué no apostamos con la misma convicción por el medio de transporte que mueve democráticamente a más personas?
Cuando el transporte público funciona mal, quienes tienen menos ingresos pagan más tiempo, más transbordos y menos acceso a oportunidades. Cuando el transporte público funciona mal, la desigualdad también se mueve.
Al mismo tiempo, ninguna estrategia seria para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire puede construirse únicamente a partir de mover más automóviles. Necesitamos mover más personas utilizando menos energía, menos espacio y generando menos emisiones.
