A menos de tres semanas de que inicie el próximo ciclo escolar, todavía no se tiene claro si el galimatías en que se ha convertido el asunto de los libros de texto gratuitos para el nivel básico tendrá un desenlace jurídico. Independientemente del resultado, la coyuntura debería servir para generar un debate más amplio sobre los materiales didácticos en el sistema educativo nacional.
Por lo que ha trascendido, la nueva colección ciertamente tiene no poco de criticable en cuanto a falta de coherencia y pertinencia, por no mencionar los errores garrafales, mentiras deliberadas o intentos de adoctrinamiento en sus páginas.
Este no es un fenómeno nuevo. Cada administración intenta, con mayor o menor éxito, imprimir su sello personal en el estilo de gobernar, y los textos de apoyo que se utilizan en las escuelas del país no han estado exentos de sus influencias.
A estas alturas de la vida democrática del país, no obstante, se esperaría que los criterios pedagógicos, metodológicos, técnicos y científicos fueran los ejes rectores de este vasto esfuerzo nacional por facilitar el acceso al saber.
La experiencia de la reciente pandemia, donde la ofimática y los materiales multimedia irrumpieron de lleno en el quehacer educativo podría muy bien servir como punto de partida para la reflexión y partir a partir de las lecciones aprendidas.
De lo contrario, esta controversia no pasará del anecdotario. A final de cuentas, sea que se distribuyan o permanezcan almacenados, los libros de texto y su contenido deben alinearse con su cometido original.
De lo contrario, la brecha educativa se continuará acrecentando. Baste recordar que en las escuelas particulares son otros los paquetes, editoriales y, sobre todo, maneras de apuntalar el aprendizaje, y para nadie es un secreto que los enviados por el gobierno federal tienen un uso, digamos, marginal.
A menos que el objetivo no sea educar, sino adoctrinar.
