Como he venido sosteniendo, el llamado plan B, que surgió como una vía alterna a la reforma electoral, en el fondo no es una disputa jurídica administrativa en busca de ahorro presupuestal, más bien lo que se discute son las reglas de poder bajo las cuales competirán en el futuro mediato los partidos políticos.
Lo que en principio se planteó como una transformación de fondo que requería mayoría calificada, terminó en una ruta alterna donde se diluyó el objetivo inicial de construir reglas compartidas de participación entre los partidos políticos, concluyendo con lo que podría ser una reforma de coyuntura.
La revocación del mandato, tema central de discusión, es por la forma de querer insertarlo en el calendario electoral, al empatar la revocación con las elecciones del próximo año, medida que resulta una incongruencia, ya que la revocación es un mecanismo de evaluación ciudadana, a diferencia de las elecciones que son un proceso de competencia entre los partidos políticos participantes.
En el escenario de la revocación, Morena se beneficiaría al lograr una mayor participación electoral en espacios donde está claro su desgaste derivado de conflictos internos y pérdida de credibilidad. De modificarse la Constitución, la presidenta Sheinbaum podría participar en el proceso promoviendo el voto a su favor, por lo que más que una reforma es una artimaña para impulsar a aquellos candidatos que han sido vinculados en actos de corrupción.
Son varios los temas del plan B que en comisiones del Senado sí han prosperado, y fue como lo anticipé, al afirmar que el partido Verde, con su historial de negociación política a fin de mantener cuotas de poder, sumaría sus votos a los de Morena, con lo que se obtuvo mayoría para hacer cambios en las leyes secundarias en materia electoral, como reducir los salarios a los funcionarios del INE y de los organismos electorales locales, quienes no podrán ganar más que el salario que percibe la presidenta.
Además, los funcionarios electorales no podrán contratar con dinero público seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, cajas de ahorro, regímenes de retiro especiales, y otras prestaciones no previstas en la ley. Está también el ajuste en los Ayuntamientos y reducción de presupuesto a los Congresos locales.
La reforma al artículo 115 constitucional establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, una sindicatura y entre 7 y 15 regidores. Igualmente viene la modificación al artículo 116, para que el presupuesto de los Congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto de egresos total del Estado.
Resulta relevante el reconocimiento que hicieron líderes de la oposición al Partido del Trabajó por frenar la revocación de mandato, lo que ubica a ese partido como un aliado, pero que a la vez lo posiciona como un actor capaz de imponer límites a iniciativas que pretenden centralizar el poder.
