Hay cifras que terminan por perder significado debido a su tamaño. Ochocientos siete millones de pesos es una de ellas. Pero esos recursos tenían destino y propósito. Provenían de fondos públicos destinados a infraestructura social: agua potable, drenaje, electrificación, caminos, escuelas y obras comunitarias para municipios con rezagos históricos. Lo que quedó atrapado en la quiebra de Accendo Banco no fueron únicamente recursos contables; fueron oportunidades de desarrollo para miles de familias hidalguenses.
Mientras el estado intentaba explicar cómo más de 807 millones de pesos terminaron comprometidos en una institución financiera que poco después perdería su autorización para operar, otra historia comenzaba a llamar la atención. La fortuna personal del entonces gobernador Omar Fayad parecía gozar de una salud envidiable. Una muy misteriosa y anónima herencia valuada en más de cien millones de pesos —integrada por departamentos, casas, joyas, obras de arte, un caballo cuarto de milla y casi 55 millones de pesos en efectivo— apareció en sus declaraciones patrimoniales. Del origen del legado se sabe poco. El nombre del benefactor permanece protegido por la confidencialidad permitida por la norma. Muy conveniente. Pero la historia no termina ahí. Según la investigación de la periodista Linaloe R. Flores, los años posteriores parecen haber confirmado una capacidad extraordinaria, casi mágica, para los negocios. Mientras Hidalgo luchaba por recuperar recursos atrapados en Accendo, el patrimonio del ex gobernador continuó generando ingresos millonarios mediante inversiones y rendimientos financieros. Quizá Hidalgo tuvo la mala fortuna de depositar cientos de millones en el banco equivocado, pero su entonces gobernador parecía tener la habilidad de invertir siempre en el lugar correcto. Qué lástima que esa habilidad no haya sido aplicada a la inversa, para bien del pueblo que gobernaba.
Entre 2020 y 2021 ocurrieron dos hechos extraordinarios dentro de la misma administración: apareció una exótica y arcana herencia superior a los cien millones de pesos y, al mismo tiempo, más de 807 millones de pesos de recursos públicos quedaron comprometidos en una institución financiera que terminaría quebrando.
La decisión de invertir esos recursos fue atribuida a la entonces secretaria de Finanzas, Jessica Blancas.
