La política migratoria impulsada por Donald Trump se ha convertido no solo en un instrumento de represión, sino en un proyecto nacional y global desde una agenda de extrema derecha que normaliza la violencia contra migrantes y comunidades racializadas. Lejos de ser una “gestión de fronteras”, la administración ha adoptado prácticas que aterrorizan a familias enteras y erosionan el tejido social de las diásporas mexicanas, centroamericanas y de otros continentes en los Estados Unidos.
En los primeros días de 2026, al menos cuatro personas murieron bajo custodia del ICE, y otras muertes atribuibles a fallas graves en condiciones de detención han sido documentadas por defensores de derechos humanos y medios independientes. Entre las víctimas recientes se encuentra un connacional cuyo deceso en un centro de inmigración en Georgia ha sido objeto de exigencias oficiales de investigación por parte de México. Además, casos como el de Geraldo Lunas Campos, cuya muerte bajo custodia fue calificada como homicidio tras señales claras de uso de fuerza excesiva, resaltan una cultura de impunidad en los centros de detención.
Estas tragedias se suman al patrón de violencia letal que ya convertía a ICE en una de las agencias con mayor número de fallecimientos entre detenidos en más de dos décadas. En 2025, más de 20 inmigrantes murieron en custodia, varios de ellos, mexicanos.
Sin embargo, la brutalidad Estatal no solo se expresa en muertes silenciosas tras muros: también se manifiesta en la detención de un niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, en Minnesota. En enero de 2026, agentes federales arrestaron al pequeño junto a su padre cuando regresaban del preescolar. Testimonios de autoridades escolares señalan que el menor fue utilizado como ‘cebo’ para obligar a su familia a salir de su casa durante la redada —una acusación que el Departamento de Seguridad Nacional ha negado, pero que ha encendido críticas generalizadas sobre el trato a menores.
En ciudades como Minneapolis, a las tensiones se suman protestas masivas después de muertes como la de Renée Good, ciudadana estadounidense abatida cobardemente por un agente federal en enero, y la indignación por prácticas de detención que parecen diseñadas para sembrar miedo, no para proteger derechos.
Desde una mirada de ética humana, no podemos reducir la migración a una “amenaza”. La migración es una consecuencia estructural de desigualdades globales: guerras comerciales, violencia económica, exclusión social y políticas públicas que expulsan personas de sus territorios. Criminalizar y militarizar la migración —y después justificar muertes y trauma psicológico de niños como mecanismos de control— es renunciar a cualquier mínimo de humanidad y justicia.
Defender a las diásporas y a las familias migrantes no es una cuestión retórica: es una exigencia ética y política. Exige cuestionar un sistema que favorece muros y armas sobre derechos humanos, y resistir la narrativa que estigmatiza a quienes solo buscan dignidad, sustento y la posibilidad de vivir sin miedo.
