Durante los últimos días ha destacado en la agenda pública el debate sobre la reforma constitucional que replantea las funciones, características y organización de la Guardia Nacional (GN). Si bien no fuimos pocas las voces que llamamos a una reflexión más profunda sobre la pertinencia de tal propuesta, así como sobre la conveniencia de emprender la revisión de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia bajo un enfoque integral, multidisciplinario y multidimensional, que permitiera construir un esquema de seguridad pública respetuoso de los derechos humanos, que no se limitara a los aspectos meramente reactivos, sino que también comprendiera la investigación y persecución de los delitos, así como su prevención, es muy probable que el sentido de urgencia ante la violencia e inseguridad que se enfrenta determine la aprobación de la reforma.
Aun asumiendo que la GN deje de estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y tuviera un mando civil, al integrarse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en sus términos actuales la propuesta continuaría siendo una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo, que generaría el riesgo de vulnerar derechos humanos, no garantizaría terminar con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales que nuestro país estaría obligado a cumplir. Su viabilidad desde el punto de vista de los derechos humanos y de la convencionalidad requeriría modificaciones más profundas.
Entre otras cosas, el solo acto de creación de la GN no vuelve policías civiles a los elementos de las Fuerzas Armadas que la integrarán, ni les proporciona la capacitación y adiestramiento necesarios para tal efecto. En todo caso, se tendría que contemplar un periodo razonable a efecto de que dichos elementos recibieran la formación que requeriría una fuerza intermedia, como la que se pretende sea la GN, y que se estableciera un programa calendarizado a efecto de que, en la medida de que los nuevos reclutas civiles concluyan con su entrenamiento, los mismos vayan reemplazando al personal militar que en un primer momento, y de manera temporal, constituirá la base de la GN, contemplando un plazo máximo para que ese reemplazo se concluya.
Sería necesario sentar las bases para crear un verdadero servicio civil de carrera en la GN que diera certeza a sus elementos, facilitando su supervisión, capacitación y desarrollo, al margen de coyunturas o cambios políticos, siendo para ello indispensable que, desde un primer momento, se ponga especial cuidado en el perfil y capacitación de sus miembros, con el propósito de garantizar la especialización y profesionalismo requerido. De manera especial, se tendría que prevenir que quienes hubiesen estado vinculados a violaciones a los derechos humanos formaran parte de la GN o de la instancia civil a que quedara adscrita la misma.
De igual forma, la propuesta tendría que prever la obligación y establecer explícitamente un plazo máximo para corregir las deficiencias y fortalecer a las policías e instituciones civiles vinculadas al ámbito de la seguridad, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias. Todo esto, en el marco de esquemas de supervisión y rendición de cuentas que necesariamente deben contar con participación civil externa.
Coincidimos en la necesidad de actuar para recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que se nos han negado desde hace tiempo, pero la urgencia debe compatibilizarse con la ponderación y prudencia que el tema demanda.
* Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
