Ayer no fue la excepción. Los debates de la Suprema Corte dejan la placentera sensación de haber tomado una buena clase. Altísimo nivel, dijo un ministro. Y además remota, añado. Cuando uno cree haber oído el argumento definitivo, viene otro y otro. El nivel de tensión es digno de una buena final.
La exposición del proyecto abre la partida. Si en la consulta de los ex presidentes la mayoría se decidiera por el “no”, el resultado sería vinculante: ese “no” será obligatorio para todas las autoridades.
La respuesta es veloz. El proyecto parte de una visión incorrecta que frustra el derecho de participación ciudadana. Hay consultas que no son vinculantes. Los efectos vinculantes no son inherentes a la consulta. Y tampoco presionará a la autoridad juzgadora: la Corte no puede arriesgar el derecho a la participación sobre la base de una desconfianza hipotética. Estamos ante una oportunidad.
Se toman su tiempo... Con todo respeto, la consulta sí es vinculante. Un “no” se constituye en amnistía. La persecución del delito no puede depender de la opinión pública.
Pero, con todo respeto, el proyecto parte de una lectura restrictiva de la consulta. El método es erróneo: confunde la pregunta con la materia de la consulta. La Corte tiene la facultad de buscar alternativas. Se requiere una conceptualización distinta del objeto de consulta. Y modificar la pregunta para que sea congruente con esa materia.
Siguen: no comparto los argumentos anteriores, con todo respeto. Cualquiera puede hacer consultas. Pero la consulta constitucional es distinta: es una forma de democracia directa con consecuencias vinculantes. Por eso está regulado por la Constitución. Por eso tiene tantos requisitos.
Pero, con todo respeto, el proyecto omite una lectura alternativa. El objeto de la consulta pueden ser las facultades discrecionales que tiene el Presidente para impulsar o no los procedimientos, reunir o no información sobre un pasado específico.
Con todo respeto, esta Corte no puede abdicar de la responsabilidad que el pueblo le dio. La consulta es inconstitucional: las víctimas del delito tienen derecho a la justicia, punto. El Estado debe cumplir con su deber.
El resultado, con todo respeto, ya lo conocen.
luis.petersen@milenio.com
