La violencia política sacude a Michoacán y a México. En lo que va de la administración de la presidente Sheinbaum han sucumbido asesinados diez alcaldes, tres de ellos de Michoacán (Cotija, Tacámbaro y Uruapan). El resto ha sido ediles de Oaxaca, Guerrero e Hidalgo (https://t.ly/RftD-). En Guanajuato todavía recordamos las ejecuciones de la candidata del MC a la alcaldía de Moroleón, Alma Ríos Barragán, el 25 de mayo de 2021, y de Guillermo Mendoza, hijo del presidente municipal de Celaya el 17 de agosto de 2022.
El dominio de los cárteles de la delincuencia organizada se ha arraigado en entidades donde históricamente han florecido movimientos violentos de todo tipo: guerrilleros, bandidos, cuatreros, asalta diligencias y demás delincuentes. Recuerdo a Manuel Lozada, el “tigre de Álica” en el siglo XIX, imponiendo su ley personal en Nayarit, Sinaloa y Jalisco; Heraclio Bernal, el “rayo de Sinaloa”; los “Plateados” que asaltaban diligencias y violaban mujeres; Doroteo Arango, alias “Pancho Villa”, en Durango y Chihuahua; Jesús Malverde, patrono laico de los narcos; etcétera. Más cerca en el tiempo perpetraron violencia los guerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre; el líder Rubén Jaramillo en Morelos, los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero (éste secuestró al senador Rubén Figueroa en 1974), y así, muchos “rebeldes primitivos”, en el término empleado por el estudioso Eric Hobsbawm, que enarbolaban causas políticas y sociales, pero que no le hacían feo a los beneficios económicos de su actividad delictiva.
El llamado “desarrollo estabilizador” de esos años no trajo consigo paz social. Luego, el neoliberalismo de los años noventa y el inicio del siglo XXI tampoco logró pacificar los focos rojos de violencia, que se acrecentó con el cambio del modelo internacional del trasiego de drogas, cuando su foco se trasladó de Colombia hacia México, donde los incipientes grupos delincuenciales se vieron fortalecidos por la ausencia de una política de Estado que los combatiera. Más bien se vio lo contrario: la connivencia del poder político con los nuevos capos que proliferaron en la mayoría de las entidades y muchos municipios.
La violencia que hoy padecemos en el país no es gratuita ni es espontánea. Tiene raíces profundas en el “México bronco” que tanto temía don Jesús Reyes Heroles. La debilidad de los valores ciudadanos de gran parte de nuestra población, reflejo de un sistema educativo inconsistente y de baja calidad, ha favorecido que los sectores sociales más marginados, en su desesperación, volteen nuevamente hacia la salida fácil de la trasgresión criminal. Es la “anomia” social de la que hablaba Durkheim, el padre de la sociología.
Alrededor de 450 mil asesinatos dolosos se han acumulado en los casi veinte años del inicio de la guerra contra los capos. Un promedio de más de 30 homicidios anuales, según El País (https://t.ly/G5ZHe), a los que hay que sumar los desaparecidos, que se incrementan a mayor ritmo. Se requiere de una política de Estado, de largo plazo, que atienda las causas, pero que también combata los síntomas. No más excusas ni señalamientos a un pasado que es irremediable. Sólo el futuro está a nuestro alcance.
