En Nuevo León hay un descontento generalizado de la sociedad con sus representantes, con las instituciones e inclusive con el estado actual de la democracia. Las noticias están repletas de escándalos de corrupción y en las redes sociales la indignación por un caso solo cesa para abrirle paso al siguiente.
Lo anterior genera un peligroso círculo vicioso: el descontento social por la corrupción y la impunidad conllevan, por apatía, a una menor vigilancia sobre las autoridades y los asuntos públicos, lo que a su vez propicia un mayor margen para que se cometan actos de corrupción y éstos no se castiguen, lo cual de nuevo aumenta el descontento social y así sucesivamente.
Este amplio descontento ha llevado a muchos a la resignación. A creer que el abuso del poder público es una condición natural o cultural de la cual no hay escapatoria. Pero es importante reafirmarlo: Nuevo León no está condenado a la corrupción.
El uso de recursos (materiales, humanos e intangibles) públicos para obtener un beneficio privado indebido, a costa del bienestar colectivo, es ante todo un fenómeno social. Opera por seres humanos bajo dinámicas que los propios seres humanos hemos creado y, por lo tanto, podemos modificar.
Lo único que hay de natural es una analogía con su dinámica funcional, que es literalmente, la del cáncer: si no se erradica ante los primeros síntomas, se expande hasta invadir la totalidad del organismo en el que se desarrolló.
Por ello el combate a la corrupción y la impunidad debe ser el tema prioritario de nuestra discusión pública, pues también antecede al debido funcionamiento de la totalidad de las actividades de la administración pública e inclusive de la sociedad entera.
Y si no lo atendemos ahora, la acción gubernamental para afrontar después los principales desafíos del Estado seguirá severamente limitada porque la corrupción encarece los servicios públicos, disminuye su calidad, hace desigual su acceso, o de plano los desaparece, limitando en todo momento la capacidad del gobierno para corregir estas situaciones.
Tener un estado de derecho no es tarea exclusiva del gobierno. Esta visión limitada de la relación entre representantes y representados ha llevado a la ciudadanía a una apatía alarmante que a su vez contribuye al debilitamiento del pacto social.
Los especialistas y el ejemplo de sociedades más avanzadas en la materia apuntan a que la solución está por el camino de la construcción de instituciones. Sin embargo, es importante resaltar que crear órganos administrativos para combatir la corrupción, en medio de un sistema político poco participativo y transparente (como ha sido la tendencia), no es crear instituciones sólidas y eficaces, sino simplemente inflar una burocracia inoperante.
Dicho de otra manera, querer combatir la corrupción desde el gobierno sin cambiar primero la forma en que funciona el gobierno, resulta un despropósito. Entonces, para hacer que las instituciones efectivamente funcionen para lo que fueron creadas, es indispensable que se desenvuelvan en comunidades auténticamente democráticas y participativas.
Por lo tanto, la movilización de la sociedad civil es clave para el combate de la corrupción y la impunidad. Asumamos nuestro rol en la construcción de un Nuevo León más justo, más libre y más próspero.
*Ganador de la primera edición del Certamen de Ensayo de Derechos Humanos y Anticorrupción.
