En México, se ha abierto un intenso debate en torno a la propuesta de un nuevo “impuesto verde”, promovido tanto por gobiernos estatales como por la federación. La idea central es gravar a las industrias para desincentivar las emisiones de CO₂ y, de paso, generar ingresos fiscales bajo el discurso de la sustentabilidad. No obstante, detrás de este planteamiento hay inconsistencias que amenazan con convertir la medida en un acto de recaudación, más que en una verdadera estrategia ambiental.
El problema de fondo radica en el enfoque. El impuesto se dirige principalmente a las industrias ya establecidas, muchas de ellas dependientes del gas natural, que es la fuente más limpia disponible a gran escala en un país donde las energías renovables aún no ofrecen ni la confiabilidad ni la capacidad suficiente para cubrir la demanda. Penalizar a estas industrias no solo limita su competitividad, sino que además ignora a uno de los principales responsables de las emisiones: el transporte, que en México representa cerca del 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Paradójicamente, este sector permanece intocado en la discusión fiscal, quizá por la dificultad política de encarecer la movilidad cotidiana de millones de personas.
Por otro lado, la narrativa de que el impuesto ayudará a cumplir con los compromisos internacionales hacia 2030 luce poco realista. Ningún país ha logrado hasta ahora cumplir cabalmente con sus metas intermedias de reducción, y México no será la excepción si no transforma su matriz energética y su modelo de transporte. Apostar únicamente a los gravámenes es como pretender que los recibos fiscales sustituyan a la innovación tecnológica o a las inversiones en infraestructura limpia.
La transición energética requiere más que sanciones: necesita visión de Estado. Se necesitan programas ambiciosos de electrificación del transporte público, incentivos para la movilidad eléctrica privada y esquemas de inversión que permitan integrar energías renovables de manera estable al sistema eléctrico. Sin esa base, el impuesto verde será percibido como recaudatorio y como un castigo inequitativo a sectores que ya cargan con altos costos operativos, y no como una política de mitigación seria.
La lucha contra el cambio climático no se gana con nuevos impuestos, sino con una planeación energética integral, inversión a largo plazo y políticas que toquen de frente a los verdaderos generadores de emisiones.
