A principios de enero el presidente municipal de Mineral del Monte (conocido turísticamente como Real del Monte), Alejandro Sierra Tello, aseguró, en entrevista con medios, estar a favor de los derechos animales y tener estrategias para que el lugar fuera petfriendly. Esto después del secuestro de 13 perros del refugio de rescate “Cuatro patitas un corazón” que, por cierto, funcionaba a base de donaciones y no de un presupuesto destinado de erario público.
Ha sido la defensora Lorena Rivera, quien está al frente de dicho refugio, quien reportó que la primera vez que hubo envenenamiento masivo de perros en el poblado fue en 2014, previo a la visita del príncipe Carlos de Gales y Camila, la duquesa de Cornwall.
Otro caso de envenenamiento masivo de 20 perros sucedió en 2018, previo a la Feria de la Plata. El más reciente se reportó la semana pasada con cinco afectados y dos víctimas mortales, lo que cuestiona las declaraciones de Sierra Tello respecto a las estrategias de incorporar un enfoque de derechos animales y bienestar animal en el destino turístico.
Para un presidente municipal, apropiarse de un discurso de derechos para salvarse de la exigencia de sociedad civil es una estrategia barata, lo que sale caro es respaldarlo con acciones. Las palabras del representante de Mineral del Monte han quedado vacías y el historial del lugar cada vez pesa más tras el paso de las administraciones que dejan en saco roto la atención a la legislación estatal en materia de bienestar animal.
La denuncia de la comunidad de defensa animalista es totalmente válida, y aunada a ella debería adjuntarse la preocupación por la salud pública y el riesgo a la niñez de la comunidad. Y sí, sigue debiendo una disculpa además de la justa aplicación de la ley.
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