En días pasados la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo dio a conocer que durante 2020 y 2021 no se recibieron denuncias de los delitos de acoso sexual ni violencia de género (en sus modalidades distintas a la violencia familiar). Sin embargo, la misma fuente en su reporte de la Incidencia Delictiva del Fuero Común posiciona en segundo lugar de delitos denunciados el de violencia familiar.
Una sociedad en la que el delito más denunciado es el de violencia familiar no podría estar exenta de otras formas de delito, porque el trasfondo cultural que se evidencia es de una dinámica social de maltrato que ocurre en las relaciones familiares. Las mismas personas que ejercen esas violencias en un espacio, las replican en otros.
No podría vanagloriarse una institución así con tales cifras discordantes, porque no significa la ausencia de incidencia de delitos sino de denuncias. Quiere decir que las víctimas, por razones multifactoriales, no acuden a denunciar y por tanto no están recibiendo la justicia que merecen y a la que tienen derecho. La respuesta puede estar en la resolución a las 19 carpetas por feminicidio que sí se iniciaron en el transcurso de 2021 y, por ejemplo, el caso de Mariana Zavala, del que el responsable de su feminicidio recibió 5 años de cárcel como sentencia.
La prensa, la sociedad civil y la misma familia de Mariana consideraron una resolución insuficiente y benevolente.
Cuando las respuestas institucionales a las denuncias se perciben injustas o, peor aún, no reciben el tratamiento integral, el desenlace es la desconfianza en las instituciones. El trabajo que se tiene entonces es responder adecuadamente las denuncias ya existentes y aun no resueltas, pero además fortalecer con otras acciones la promoción de la cultura de la legalidad.
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