La solicitud de destitución de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla, por parte de feministas, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras, visibiliza un profundo malestar acumulado por la ineficiencia de la institución en la entidad.
Este momento se produce en un contexto complejo entre las agendas de la movilización social. Por ejemplo, durante el 8M de este año, una marcha liderada por colectivas feministas separatistas y de mujeres en su diversidad puso en el centro la exigencia por la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia. Esta movilización culminó en Plaza Juárez con incidentes que afectaron la salud y bienestar de mujeres, periodistas, defensoras y niñeces presentes. Por otro lado, otras marchas recientes, organizadas por colectivos LGBT+ con validación institucional, transcurrieron sin incidentes.
Estas diferencias no deberían entenderse como una competencia por el reconocimiento institucional ni como una jerarquización de causas. Sin embargo, sí revelan una tensión estructural en el campo de los derechos humanos en Hidalgo: mientras unas agendas reciben respaldo y legitimidad oficial, otras que denuncian fallas estructurales, revictimización y violencia institucional, son desestimadas, estigmatizadas o criminalizadas.
La defensa de los derechos de la comunidad LGBT+ ha sido asumida por diversas instancias como una causa legitimadora, al permitirles proyectar una imagen de inclusión, progresividad y compromiso con la diversidad.
En contraste, la exigencia de justicia para víctimas de violencia, desaparición o revictimización institucional representa un reto mucho más incómodo: pone en evidencia la incapacidad de las instituciones para garantizar derechos fundamentales, revela negligencias, omisiones y exige acciones concretas, no sólo posicionamientos.
No todas las luchas caben en la foto institucional, algunas simplemente resultan incómodas.
