La lógica de un régimen democrático remite necesariamente a los límites del poder. Formalmente, estos los establece la Constitución y sus leyes, junto con una instancia judicial responsable de verificar que tanto los actos de autoridad como las normas aprobadas por el Congreso se ajusten al orden constitucional. Dicho control no sólo protege los derechos de particulares, sino que también regula las competencias entre distintos órdenes de gobierno, entidades autónomas o poderes públicos.
La contención del poder también emana de la sociedad, a través de la opinión pública, la movilización social y la gestión de la sociedad civil organizada. En el ámbito internacional, los gobiernos se someten a un régimen de responsabilidades que deben observar en materias como derechos humanos, combate al crimen y regulación financiera y comercial. En el caso mexicano, el acuerdo comercial con EU y Canadá constituye, asimismo, un mecanismo de control a las autoridades y sus órganos legislativos.
Es evidente que, en estos tiempos, aquí y en muchas regiones del mundo, prevalecen esquemas de poder que erosionan límites y contrapesos, es una tendencia perniciosa, pero no por ello se nos debiera normalizar. El problema no se reduce a una jefatura de gobierno, sino al conjunto del sistema de autoridad. En materia de libertad de expresión, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el Tribunal Electoral, bajo una cuestionable interpretación de la protección de género, impone sanciones humillantes y desproporcionadas a periodistas y medios? Eso es evidencia de que la idea de régimen político no alude a una oficina específica, sino al entramado completo del poder.
La pérdida de contenciones y controles perfila resultados por debajo de las expectativas. Un gobierno más poderoso no hace un Estado más fuerte, más eficaz o probo, ni garantiza un mejor desempeño en el ámbito internacional. El tiempo permitirá evaluar la nueva gobernabilidad que emerge en el mundo, marcada por el deterioro de la calidad institucional y del sistema de representación, así como por la incertidumbre económica, la desigualdad, la violencia y la pérdida de derechos.
La agenda a futuro deberá retomar un régimen de pesos y contrapesos para fortalecer al Estado y devolver bienestar al país.
