En memoria del querido
Porfirio Muñoz Ledo
El sistema parlamentario permite diferenciar al jefe de Estado del jefe de gobierno. Lo primero es la representación del conjunto nacional y lo segundo remite al mandato que se origina y renueva permanentemente en las urnas. La política internacional es tema de Estado, el ejercicio del presupuesto es de gobierno; lo primero alude a la totalidad de la nación y lo segundo a la definición que da el gobierno a partir del proyecto votado en elecciones.
En el sistema presidencial, como el nuestro o el norteamericano, en una misma persona recaen las dos tareas, la de jefe de Estado y la de jefe de gobierno. Además, hay una tercera función, metaconstitucional Jorge Carpizo dixit, y tiene que ver con la de jefe de régimen, esto es, quien encabeza la coalición gobernante.
Es evidente que los tres planos generen tensión y mucho más ahora con el arribo del populismo a los gobiernos. Para el presidente Trump resulta natural que su mandato le otorgue facultades a partir de su visión particular del poder y del país. Lo mismo ocurrió aquí en México con López Obrador. El que tengan mayoría legislativa robustece esta visión. Sin embargo, en una democracia la representación del conjunto en definiciones fundamentales no puede recaer en un partido o en un proyecto particular. En el caso de México la situación resulta todavía más complicada por la sobrerrepresentación y la cooptación de senadores que ha significado que un partido pueda plantarse con mayoría calificada para cambiar la Constitución a partir de su visión particular.
Las reglas del juego democrático definidas en la Constitución determinaron, para esos efectos, que ninguna fuerza política pudiera alcanzar la mayoría calificada. La idea es que los cambios fundamentales deben contar con el concurso de una parte sustantiva de la pluralidad. Esto permite no solo una mayor estabilidad en la Constitución, sino que los cambios sean tema de Estado y no de régimen.
Es evidente que la crisis de la democracia ha llevado a desdibujar el plano de la responsabilidad de Estado. Sin embargo, esto no invalida el principio fundamental de que las reformas constitucionales estén avaladas por una mayoría robusta. Tema por debatir en la reforma política en curso.
