En memoria del querido
Javier Coello Trejo
México vive un momento de acumulación crítica. No se trata de sólo un problema, sino de varios frentes: seguridad, justicia, relación bilateral, reformas electorales, deterioro institucional y desgaste político. Lo delicado no es sólo la presión externa, sino la debilidad interna a la que el Estado se enfrenta.
Siendo grave lo anterior, lo más amenazante está en la relación bilateral. Estados Unidos ha iniciado un proceso judicial contra funcionarios del estado de Sinaloa del que difícilmente habrá regreso por la ruta que el gobierno mexicano eligió. La judicialización de ciertos temas no admite la administración política a la que está recurriendo el régimen morenista. En México persiste la idea equivocada de que todo es negociable, incluso la ley. Esa cultura de la transacción explica buena parte de la impunidad que hoy no sólo compromete la relación con el vecino poderoso, sino también la vida económica, política y social del país.
El acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá seguramente será revisado y tendrá ajustes. Subsistirá, porque así conviene a los tres países y, particularmente, a las empresas, muchas de ellas norteamericanas. Pero México irremediablemente tendrá que asumir compromisos en materia arancelaria, aduanal, Estado de derecho, certidumbre jurídica y apertura energética.
Frente a las amenazas internas y externas, el régimen optó por acentuar la polarización. Fuga hacia adelante, suele decirse. En realidad, es apostar el todo, incluso la soberanía, a una aventura de resultados inciertos. El Estado padece un severo deterioro institucional que lo deja expuesto por igual ante los grupos criminales y ante la presión punitiva que viene del exterior.
La politización de la agenda pública impide construir salidas razonables en el plano legal. El país está dividido y la impunidad se ha vuelto condición de sobrevivencia del régimen. Es un mal cálculo. El gobierno no debe colocar su permanencia por encima del interés de todos los mexicanos.
El gobierno debiera retomar, hacia dentro y hacia fuera, la lógica judicial, con rigor y credibilidad. Por supuesto implicaría costos. Perderían muchos. Pero sólo así podría salvaguardarse el interés superior de la República.
