Para entender por qué México recurre con tanta insistencia al concepto de soberanía, partamos de una premisa fundamental: para nuestro país, la soberanía nunca ha sido un mecanismo histórico de defensa y supervivencia frente a la realidad geográfica de coexistir con la mayor potencia del planeta.
Con la Paz de Westfalia se sentaron las bases del sistema internacional contemporáneo bajo un principio simple: cada país es un Estado nación soberano, independiente e igual en rango jurídico a cualquier otro. Bajo este paradigma, la autoridad de un gobierno es absoluta dentro de sus fronteras físicas y ninguna potencia tiene derecho a interferir en los asuntos domésticos de su vecino, fundando así la diplomacia sobre los pilares de la territorialidad, la autodeterminación y la no injerencia.
Para México, esto no fue una lección teórica, sino una necesidad vital aprendida a golpes de realidad. Tras perder más de la mitad de su territorio, padecer invasiones europeas y estadounidenses, y encarar un asedio diplomático constante por sus recursos naturales, el Estado mexicano entendió que la única trinchera posible era la adhesión irrestricta a la no intervención. En la teoría política esto se define como soberanía defensiva: convertir el Ius Cogens y el derecho internacional en la única armadura disponible para un país desprovisto del músculo militar o económico para medirse cara a cara con su gigante vecino.
Esta vocación cobró forma en 1930 a través de la Doctrina Estrada. Al postular que ningún país tiene la calidad ni el derecho de juzgar la legitimidad de los procesos políticos de otro, la diplomacia mexicana institucionalizó una regla de oro calculada para su propia preservación: “Si no juzgo ni intervengo en tus asuntos internos, tú no tienes derecho a juzgar ni intervenir en los míos”. Elevada a rango constitucional en el Artículo 89, la Doctrina Estrada le permitió a México trazar un perímetro de contención alrededor de sus decisiones políticas, sus recursos estratégicos y sus grandes reformas sociales.
Actualmente, la integración regional de Norteamérica plantea un choque entre la soberanía absoluta de corte westfaliano y la arquitectura de un acuerdo supranacional que exige armonizar leyes, normativas e instituciones.
Mientras el Estado mexicano intenta retener el control estratégico de Pemex, la CFE y de sus minerales, el T-MEC exige un trato no discriminatorio para las corporaciones privadas extranjeras. Lo que para Washington y Ottawa es una flagrante violación a las reglas del libre comercio, para México representa la amenaza de entregar la matriz energética y la riqueza nacional a capitales foráneos. Al mismo tiempo, al someterse a paneles internacionales de arbitraje o al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida —que habilita inspecciones extranjeras en plantas mexicanas—, el país cede voluntariamente jirones de su soberanía jurídica a cambio de estabilidad comercial.
Esgrimir la soberanía y la Doctrina Estrada jamás ha significado aislarse del mundo, sino trazar la raya infranqueable entre participar como un socio estratégico en condiciones de equidad o resignarse a operar como un protectorado de facto.
A conveniencia de los intereses de Washington —nuestro país es a veces chivo expiatorio de sus problemas económicos, sociales y de seguridad—. Para México esta relación no es un asunto de coyuntura, sino una cuestión existencial.
Es hora de desmontar las ficciones diplomáticas: no puede hablarse de una alianza entre iguales cuando una potencia preserva su vocación imperial y México carga con la memoria histórica de lo que esa cercanía ha significado. En ese terreno desigual, la soberanía deja de ser consigna y se vuelve resguardo: el límite que México afirma para evitar cualquier forma de subordinación política. En una relación marcada por asimetrías que ningún discurso suaviza, invocarla es la única manera de sostener la autonomía que nos ha permitido seguir en pie.
