Existen razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro Moro, que ya no representaba la voluntad mayoritaria de la ciudadanía venezolana desde hace tiempo, pero la intervención militar de un país ajeno para derrocarlo, es violatoria de nuestra Carta Magna y de la propia Carta de la ONU.
Sin duda alguna, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, deben tener sus propias convicciones personales sobre el ejercicio del poder de Maduro en Venezuela, pero su postura pública desde el cargo que ocupan, ha sido política y jurídicamente la correcta.
Desde el 7 de noviembre de 1945, México es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, que surge enseguida de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de evitar una nueva conflagración.
Para tal misión, la ONU cuenta con una “Carta” compuesta por 111 artículos, que todos los Estados miembros deben respetar, de los cuales en el primero se mencionan sus propósitos: mantener la paz, suprimir actos de agresión, la libre determinación de los pueblos y la solución de las controversias a través de medios pacíficos, entre otros.
Mientras que el segundo numeral, señala los principios rectores de la ONU, como la igualdad soberana de todos sus miembros y la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
En esta misma frecuencia, la fracción X del artículo 89 de la Constitución de México, señala como obligación de la presidenta Sheinbaum Pardo, conducir la política exterior bajo los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Así, la postura presidencial de condenar la intervención militar en Venezuela, respaldada por el gobernador Villarreal Anaya, ha sido la correcta y coincide con la del Secretario General de la ONU, António Guterres.
Los aplausos de Francisco García Cabeza de Vaca se entienden, porque se encuentra prófugo de la justicia mexicana en Texas: condenar la intervención significaría su deportación inmediata. Las porras a la intervención militar son para sacar raja política, aunque violen la Carta Magna.
