Más de la mitad del sector productivo en México opera en la informalidad. Sin embargo, la tecnología terminará por obligarlo a incorporarse al sistema tributario. En el contexto del plazo para la declaración anual y con el objetivo de aclarar dudas, conversé con el presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Roberto Cavazos.
De este diálogo surgió un tema persistente: la informalidad laboral y fiscal en el país, que continúa siendo un desafío para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y un descalabro financiero para el Gobierno.
Actualmente, la tasa de informalidad laboral se ubica entre el 54.6% y el 55.4% de la población ocupada, lo que equivale a más de 33 millones de mexicanos trabajando sin acceso a seguridad social o sin contribuir directamente al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La radiografía regional revela profundas disparidades. Estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas registran niveles de informalidad que oscilan entre el 75% y el 80%. En contraste, entidades del norte como Nuevo León, Chihuahua y Coahuila presentan tasas significativamente menores, de entre 35% y 45%.
Este contraste evidencia un país dividido: mientras el sur enfrenta mayores niveles de precariedad laboral, el norte se beneficia de una mayor industrialización y formalidad. Una brecha que para algunos especialistas es resultado de políticas económicas de corte asistencial implementadas durante el sexenio pasado, las cuales no lograron fortalecer la base tributaria.
En este contexto, Roberto Cavazos señala que la digitalización y la inteligencia artificial serán factores clave para transformar la cultura contributiva. El avance de las transacciones electrónicas reducirá gradualmente el uso del efectivo, mientras que plataformas más accesibles simplificarán la tramitología fiscal.
La premisa es clara: facilitar el cumplimiento. Si una parte importante de la población comprendiera la facilidad con la que puede integrarse al sistema y los beneficios asociados –como servicios de salud y esquemas de retiro–, la formalidad sería una opción más atractiva.
No obstante, el dilema persiste. Si quienes menos contribuyen reciben los mismos beneficios que quienes sí cumplen, la percepción de inequidad seguirá siendo un obstáculo para consolidar una cultura fiscal sólida. Porque al final, más allá de la obligación legal, el pago de impuestos también exige una noción compartida de justicia.
