Una cabeza cae y comienza lo más delicado. Resulta inevitable analizar el impacto del abatimiento del delincuente más buscado por Estados Unidos en México. La forma, el contexto y las reacciones dejan al descubierto una amplia red de preocupaciones en todos los niveles: político, social y de seguridad. Tan extensa como la estructura que tejió durante años para operar con impunidad, hasta que la presión internacional exigió su captura como símbolo público de combate al crimen.
No es secreto –y resulta incluso revelador– el grado de infiltración en autoridades políticas y de seguridad. Policías en distintos niveles trabajaban bajo la lógica de “plata o plomo”, mientras el cártel extendía su influencia en procesos electorales mediante financiamiento, amenazas o presión directa para imponer administraciones municipales. El costo fue alto: candidatos y actores políticos asesinados en medio de la disputa territorial. Nada de esto es nuevo, pero sí profundamente alarmante.
Por ello, la incertidumbre se traslada ahora al futuro inmediato de uno de los negocios criminales más grandes del continente, que convirtió al narcotráfico en un auténtico brazo de pulpo. Una estructura que operaba simultáneamente en extorsión, lavado de dinero, infiltración empresarial y corrupción gubernamental. Un pulpo difícil de desarticular por completo.
Más allá de quién asumirá el mando, la verdadera interrogante es cómo se reconfigurará una organización de tal magnitud. Analistas del tema plantean, al menos, dos escenarios: que un familiar –también con recompensa vigente– tome el control, o que se detone una pugna interna entre grupos regionales por el dominio total. Cualquiera de estos panoramas, o incluso una combinación de ambos, implica riesgos graves y exige una reestructuración inmediata de la estrategia de seguridad.
En un contexto marcado por la exigencia de tranquilidad para los mexicanos y de certeza para los visitantes extranjeros ante eventos de alcance mundial, el gobierno federal no puede relajar sus estrategias de combate. El tiempo que el gabinete de seguridad permita para la reorganización del grupo criminal, sumado a la sed de venganza que históricamente acompaña la caída de sus líderes, será también el margen que tendrán para reactivar su capacidad operativa y socialmente peligrosa.
El reconocimiento institucional por el golpe asestado debe ir acompañado de una vigilancia sostenida y de un voto de confianza condicionado a resultados. La guerra contra estas estructuras no termina con la caída de un líder; apenas entra en su fase más compleja y estratégica.
