No, no es útil. Desde sus orígenes ha sido una burocracia costosa e ineficaz. Durante el inicio de la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988) se creó su primera versión: la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. La corrupción desmedida del sexenio anterior (López Portillo) exigía enfrentar el ancestral (y vigente) problema. Miguel de la Madrid enarboló la andera de la renovación moral. Como consecuencia, esa secretaría acusó de fraude al Ing. Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex y entonces senador. Fue desaforado (1983). Pasó cinco años en prisión. Nunca se le comprobó el ilícito cometido. Después de este acontecimiento se convirtió en un membrete.
Ernesto Zedillo (1994-2000) rebautizó la institución: la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Fue, de nueva cuenta, un aparato burocrático inútil que cumplía tareas administrativas menores (declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, por ejemplo), dejando de lado su función principal, el combate a lo mal habido.
En 2003, durante el gobierno de Fox, el organismo cambió a su nombre actual: la Secretaría de la Función Pública (SFP). En ese jocoso sexenio, uno de sus titulares (Francisco Barrios) pregonaba que atraparía a “los peces gordos”; pescó, sin embargo, puros charales, como se decía. Mientras tanto, la corrupción seguía, como hasta ahora, robusta y saludable, desmadejando todo aquello que se interponía a su paso, al amparo de la impunidad.
En 2009, durante el calderonismo (2006-2012) hubo un intento de desaparecerla. Sin embargo, la propuesta pasó inadvertida para el Congreso y, probablemente, se le olvidó al presidente. Para la mayor parte de la clase política, la corrupción es parte de su esencia. Se tiene la impresión, hasta hoy, que combatirla no es una tarea prioritaria.
De 2009 a 2013, la SFP vegetó. En 2012 se volvió a plantear su desaparición, como parte de las promesas del entonces candidato Peña Nieto. Fue disuelta en 2013. El Congreso hizo caso omiso de la iniciativa y la SFP se convirtió en un simple despacho. Sin embargo, éste no sería su fin. Tiempos de gloria le aguardaban. A raíz del escándalo de la casa blanca (noviembre de 2014), que involucraba a la familia presidencial, la SFP renació, en febrero de 2015, en medio de reflectores, como secretaría de Estado. Su encomienda fue “Investigar” y, en su caso, demostrar que alrededor de ese escándalo inmobiliario no hubo ilícito alguno. Virgilio Andrade, su titular, llevó a cabo una “investigación rigurosa” que exculpaba legalmente de todo ilícito al Presidente y su familia. Se investigó, como siempre, para exonerar, no para sancionar.
La SFP sigue en el organigrama del gobierno federal. Hace una semana dio muestras, aunque raquíticas, de vida. Encontró que 76 funcionarios (principalmente de Pemex, pero también del IMSS y la PGR) amasaron una fortuna de 499.1 millones de pesos: alrededor de 6.5 millones per cápita. (Reforma, 1/X/17). Cifra irrisoria si se le contrasta con la de los tantos saqueadores profesionales de los recursos públicos. La SFP sirve de nada. Urge, por tanto, el establecimiento inmediato de la Fiscalía Anticorrupción. No hay más excusas para no combatir al peor de los lastres nacionales.
jreyna@colmex.mx
