En referencia a mi colaboración pasada en este Bosque de Luz, recibí opiniones de lectoras y lectores que manifestaban su punto de vista reprobatorio en relación con lo que nuestra entidad federativa y sus habitantes (sobre todo en la capital tapatía) consideran excesos y prácticas dudosas e ilegales del gobierno emecista en el poder estatal y en tres de los municipios conurbados de la zona metropolitana: Guadalajara, Zapopan, y que padecen un día sí y otro también, el desorden ¡al estilo Jalisco! que implica circular por vialidades y avenidas.
Movimiento Ciudadano tiene estrangulada la circulación, dado que el sistema computarizado de la red de semáforos “chatarrizada” funciona terriblemente mal y a capricho del programador de la secuencia de operaciones que parece no entender nada de su trabajo.
Luego resulta que no existen en la calle operativos de seguridad vial más que el famoso “torito” –que por cierto fue iniciativa de un gobierno priista- y tiene por objeto inhibir y sancionar el conducir bajo los efectos del alcohol. Pero su radio de acción e influencia se ha restringido tan solo a unas cuantas vialidades principales que ya todo mundo conoce al poniente de la ciudad y muy pocas al oriente. Y las redes sociales dando cuenta con la debida anticipación de sus ubicaciones, de tal forma que el alcohólico empedernido que conduce un auto ya sabe cómo esquivar las revisiones.
Y luego los grandes atascos de tránsito en el poniente de la metrópoli del jueves y viernes pasados, atribuidos primero a un partido de repechaje para el Mundial de Futbol de la FIFA 2026 jugado en el estadio AKRON del equipo de futbol Guadalajara, y otros atribuidos también a la Secretaría federal de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por el reencarpetado asfaltico de la salida a la carretera a Nogales, -a la altura del fraccionamiento Rancho Contento- donde lo singular del caso fue NO ver ningún operativo de agentes de seguridad vial en apoyo para aliviar las difíciles condiciones de manejo por la zona (lo más seguro es que estaban demasiado entretenidos en otros menesteres -a juicio de quien sabe quién- y si usted lo duda, ni su sombra: que la gente se las apañe sola en la jungla de asfalto. Ni siquiera existen).
Frente a todo esto súmele los topes puestos por los gobiernos de Movimiento Ciudadano para quien que lo pida, con influencias y/o dinero, cada diez metros para mitigar la salida de su cochera, o su estacionamiento. O puestos como reductores de velocidad sin ton ni son, ni con estudio previo, “a la limón”, y el resultado: salga usted a conducir ya no en horas pico si no en cualquier momento y tendrá NO la tormenta perfecta: sino el ciclón o el huracán perfecto. La selva urbana. Cada conductor haciendo lo que quiere y lo que puede para avanzar no más de tres metros. Sin policía, sin seguridad vial y los vehículos de servicio público y o seguridad (Guardia Nacional, entre ellos) circulando a contraflujo sin códigos ni sirenas que lo avisen. Bonito escenario.
Pero los lectores manifestaron su repudio total cuando se enteraron que el gobierno estatal del mandatario Pablo Lemus había contratado a la empresa WCD, S.A. de C.V mediante el contrato multianual CTO-388/25 por el cual el Ejecutivo se comprometió a pagar 10.9 millones de pesos mensuales durante 64 meses, abarcando hasta el 5 de diciembre de 2030, lo que suma 698.3 millones de pesos amarrados a una bolsa privada, sin tomar en cuenta si bajan los accidentes o no y si la ciudad requiere más topes, más radares, más semáforos inservibles, en donde la velocidad promedio de un recorrido de diez kilómetros no rebasa los veinte kilómetros por hora. ¡Bravo!
El contrato, derivado de la Licitación Pública 371/2025 y firmado el 8 de agosto de 2025, no solo cubre el mantenimiento de los radares actuales, sino que prevé la expansión progresiva del sistema, con más cámaras y más puntos de control conforme avance el sexenio. Más equipos, más multas [en promedio 42,000 al mes], más dinero en las arcas del gobierno, y si ya con la verificación vehicular el negocio ($) estaba visto, con este contrato no hace más que “requete” verse.
Pero el “quid” del asunto está en la forma de notificarse al dueño del vehículo: la misma empresa debe enviarlas por mensajes SMS, whatsapp, y correo electrónico a los presuntos infractores. Y yo me pregunto ¿desde cuándo estos son medios legales de notificar actos de autoridad?
O será que “Al estilo Jalisco” ya incluye la enchilada completa: arbitrariedades, ilegalidades y actos abusivos del gobierno estatal emecista buscando en una función pública (servicio público, le llaman) atropellar la Constitución federal, la estatal y las “leyes que de ellas emanan”, para llenar bolsillos públicos y privados con multas impuestas a los “sufridos” conductores que se notifiquen por algo que ni siquiera tenemos la obligación legal de tener: correo electrónico, teléfono móvil, e increíblemente la aplicación “whatsapp” de un proveedor particular: Meta. Habrase visto: ¡Al estilo Jalisco!
A los lectores de Bosque de Luz: por vacaciones esta columna no se publicará en las próximas semanas. ¡Mis mejores deseos para todos ustedes, que las disfruten!
